El Procurador del Estado, Diego García, presentó ayer en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, la renuncia al juicio que Ecuador impulsó contra Colombia por las fumigaciones con glifosato que ese país realizó en la frontera desde el año 2000 para erradicar plantaciones de coca en el marco del Plan Colombia.

Un comunicado de la Procuraduría señaló que existe un acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, y que su intención es construir una “agenda positiva que permita el desarrollo sostenible de la población de la zona de frontera, dentro del nuevo marco que impulsa las relaciones entre los dos países, inspirados en la solidaridad y la cooperación”.

La noche del pasado miércoles, organizaciones sociales de la frontera fueron llamadas a Quito para una reunión con el canciller Ricardo Patiño.

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Lina Cahuasquí, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, estuvo en esa cita que duró tres horas: “Se nos dijo los términos del acuerdo y los campesinos pidieron que se respete los principios de la demanda, pero se trató de un encuentro de hechos consumados porque en ese momento el procurador desistía de la demanda”.

Cahuasquí contó que los términos del acuerdo establecen que el primer año Colombia respetará la franja de 10 kilómetros de frontera para sus fumigaciones. En el segundo año ese espacio se reducirá a cinco kilómetros y el tercero a dos.

Dijo que los países harán una comisión que analice los impactos de las aspersiones y de comprobarse perjuicios, se retomaría el tamaño de las franjas de cinco y diez kilómetros.

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Explicó que los campesinos le dijeron a Patiño que se van con un mal sabor de boca. “Esperábamos el reconocimiento de lo hecho por Colombia que fumigó un coctel mortal; ahora la intención de Colombia es preservar la vida de los militares y poner los muertos de campesinos colombianos y ecuatorianos”.

2 kilómetros
Es la franja a respetarse a los 3 años del acuerdo.