La Corte Constitucional recibió la mañana de este martes una segunda demanda de inconstitucionalidad en contra de varios articulados de la Ley Orgánica de Comunicación en vigencia desde el pasado 25 de junio.

Según el documento, auspiciado por los abogados Mauricio Alarcón y Enrique Herrería, la Ley no dio cumplimiento al artículo 137 de la Constitución de Montecristi que se refiere al procedimiento para la expedición de una norma, que impone que el proyecto sea sometido a dos debates en la Asamblea Nacional (la Ley se la aprobó por capítulos el 14 de junio pasado).

Además que la gran mayoría de los artículos del cuerpo legal impugnado contravienen disposiciones de la Constitución, de Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento, de expresión y de comunicación, que son de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano.

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Los demandantes argumentan que el artículo 5 de la Ley define a la comunicación como servicio público, cuando el artículo 314 de la Constitución establece cuáles son los servicios públicos, y en ninguna parte se ubica a la comunicación como tal.

En la demanda se solicita a la Corte la aplicación del “Control de Convencionalidad”, que significa, "la observancia que debe el Estado ecuatoriano a todas las normas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos".

Y solicitaron como medida cautelar la suspensión de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación hasta que se resuelva el contenido de la demanda; y,  se declare la inconstitucionalidad de su vigencia.

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El documento fue suscrito por 60 personas, entre ellas, el exalcalde de Quito Paco Moncayo; el exmagistrado Ernesto Albán Gómez; los periodistas Diego Oquendo, Andrés Carrión y Jeannette Hinostroza; los analistas Simón Pachano, Felipe Burbano, Luis Verdesoto y Manuel Chiriboga; los exasambleístas María Paula Romo y César Montúfar; el presidente de la Asociación de Editores de Periódicos, Diego Cornejo; entre otros.

El 28 de junio pasado, el asambleísta de oposición Luis Fernando Torres presentó una demanda de inconstitucionalidad a más de 50 artículos de la Ley por la forma y 20 artículos por el fondo.

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El 1 de agosto, el Gobierno presentó sus argumentos y pidió a la Corte que se deseche el pedido de Torres.

La Corte Constitucional aún no se pronuncia.