Organizaciones ecologistas, de indígenas, políticas y de Derechos Humanos cerraron filas en torno a su exigencia a la Asamblea Nacional para que dé paso a una consulta popular, en la que la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Una vez que el presidente Rafael Correa firmó el Decreto 74, que señala la decisión formal de explotar el crudo, el Legislativo tiene la última palabra.

Según el artículo 407 de la Constitución, está prohibida la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas no protegidas y en zonas declaradas como intangibles. Y agrega: “Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.

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Las organizaciones anunciaron que agotarán las instancias nacionales y que, incluso, de ser el caso, denunciarían ante las cortes internacionales para evitar la exploración y explotación en una zona intangible, no solo rica en biodiversidad sino donde habitan pueblos en aislamiento voluntario.

Esta posición fue anunciada ayer, en una rueda de prensa conjunta, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la Ecuarunari, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos e integrantes de la Campaña Amazonía por la Vida de Acción Ecológica.

Esperan que una vez que llegue a la Asamblea la petición para que se declare de utilidad nacional a los campos petroleros del parque esta se incline por convocar a una consulta.

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Humberto Cholango, presidente de la Conaie, no descartó que el tema sea incluido en el diálogo que mantendrán con el Gobierno y en el que se analizarán los proyectos de Ley de Aguas, de Tierras, de Educación Intercultural Bilingüe y las amnistías para los dirigentes acusados de terrorismo.

“Seremos firmes en defender al Yasuní”, dijo Cholango e indicó que si no se permite que el pueblo decida sobre la explotación petrolera acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a las Naciones Unidas.

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Para Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, el régimen debe dar información real sobre lo que implica la explotación petrolera.

Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos, recordó que existen medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de los pueblos en aislamiento que no pueden pasar por alto.

Amanda Yépez, vocera de la Campaña Amazonía por la Vida, dijo que se seguirán de cerca las acciones para la explotación en el Yasuní, en respaldo de los derechos de las comunidades que se han declarado en resistencia y que no quieren firmar contratos petroleros.

Roque Sevilla, extitular de la Comisión de la Iniciativa Yasuní-ITT, también es partidario de ir a una consulta. “A pesar de los pronunciamientos sabatinos contradictorios hay $ 336 millones en aportes, hoy bajan a menos de $ 10 millones para poder justificar esa medida”.

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Desde el Ejecutivo se defiende la idea de una “explotación responsable” sobre el uno por mil del área del Parque.

El ministro de Justicia, Lenin Lara, afirmó que “hay la garantía, de que siguiendo la tecnología y los protocolos adecuados, no habrá una afectación”.

Si para las corridas de toros nos consultaron, ¿por qué no consultar a todos los ecuatorianos sobre este tema de enorme importancia?”.Humberto Cholango Pdte. Conaie