Dicen no ser soldados ni guerrilleros, pero están en guerra. Poseen fusiles AK-47 y pistolas. Ocultan sus rostros y rondan las calles o vigilan desde las montañas. La escena es cotidiana desde el 2011 en varias poblaciones mexicanas, en su mayoría alejadas y empobrecidas.

En Aguililla (Michoacán), sus habitantes, según señalan, cansados de las amenazas, extorsiones y muertes le “declararon la guerra” a los narcos y asumieron el control de la seguridad. En cambio, en otras pequeñas localidades como Ixtayotla, en Guerrero, el panorama es desolador. La semana pasada los pobladores de esta y otras 12 comunidades huyeron de la represión de los narcos.

Las llamadas ‘autodefensas’ han sido cuestionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al mostrar ya no la imagen tradicional del campesino con escopetas o machetes viejos sino la de civiles con armamento de alto calibre y bien equipados.

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Un informe de International Crisis Group, señala que urge al gobierno detener el crecimiento de esos grupos (de autodefensa). Desde el 2011 hasta la fecha, hay civiles armados agrupados en Guerrero, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y el estado de México.

Michoacán, el más azotado por los carteles, sufrió en julio pasado un recrudecimiento de la narcoviolencia al registrarse 24 muertos, entre ellos un alto oficial de la Marina.

El presidente Enrique Peña Nieto (del Partido Revolucionario Institucional, PRI) decidió aplicar la misma dosis que su antecesor Felipe Calderón (Partido Acción Nacional, PAN) ordenó en el 2006: envió militares y agentes federales a los estados afectados.

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En el mandato de Calderón (2006-2012), según CNDH, hubo más de 60.000 muertos en hechos relacionados con el narcotráfico. Mientras desde que Peña Nieto asumió el poder el pasado 1 diciembre hasta abril, se han registrado 5.296 homicidios ligados a la narcoviolencia. “El primer eje de mi gobierno es lograr un México de paz”, dijo el mandatario el día de su posesión, ocho meses atrás.

Hace dos semanas, Zacatecas vivió tres noches seguidas de enfrentamientos entre carteles que dejaron 46 muertos.

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No hubo información oficial ni en los medios de comunicación. La noticia se generó en las redes sociales como Facebook, ahí AccesoZac difunde, desde hace un año, datos de los ataques. En febrero pasado autoridades de Zacatecas y los medios locales firmaron el acuerdo ‘Por nuestra imagen’ para evitar publicar notas de la narcoviolencia en primera plana. Ya en agosto pasado, en el gobierno de Calderón, otros medios se autocensuraron por los ataques, asesinatos y secuestros a sus periodistas e instalaciones.

Peña Nieto, a los pocos días de asumir el poder, pidió a los medios de comunicación un “equilibrio entre las buenas y malas noticias”, citan medios locales.

La narcoviolencia, según analistas, azota más a poblaciones apartadas y empobrecidas. Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela que en los últimos seis años hay 53,3 millones de pobres en México y 33,6 millones en riesgo de caer en la pobreza. En el 2012 hubo un aumento de 500 mil nuevos pobres.

Los menores de 18 años son los más vulnerables (21,2 millones). Una población tentada por los carteles, con el pago de altas sumas de dinero, a convertirse en sicarios o mulas. Las cifras de la pobreza coinciden con la difusión de que los jóvenes sicarios que mataron al alto oficial de la Marina recibían unos $ 600 por robar, secuestrar y extorsionar.

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El Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 de Peña señala que la medida más efectiva para prevenir la delincuencia es ampliar las oportunidades de estudio y empleo de la juventud y de otros grupos vulnerables. Pero analistas señalan que el fracaso del combate a la pobreza es tan brutal como el de la estrategia para ‘liberar’ a estados como Michoacán del narcotráfico.