Al inicio de la discusión del segundo libro del proyecto del Código Orgánico Integral Penal, los puntos que concitan la atención de la Comisión de Justicia de la Asamblea son la definición de “jurisdicción universal”, las reformas a las medidas cautelares y a la caducidad de la prisión preventiva.

La jurisdicción universal es parte del Título I y hace referencia a que “los delitos contra la humanidad serán investigados y juzgados en Ecuador, siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado o por cortes penales internacionales, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos y ratificados...”.

El legislador Luis Fernando Torres (CREO-PSC) explicó que incluir este artículo podría traer problemas a las relaciones internacionales del país.

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Y recordando jurisprudencia internacional sobre el tema, citó a España, país al que acudió Rigoberta Menchú por delitos de genocidio cometidos en Guatemala. En ese caso, aunque el tribunal supremo español negó su tratamiento, el constitucional señaló que sí era posible, pero luego de cumplir con algunas condiciones.

“¿Se ponen a pensar los problemas para el gobierno en este tema? El hecho de consagrar la jurisdicción universal en cualquier juez ecuatoriano sin duda que va a generar problemas en la política internacional del país”, sostuvo Torres.

Por otra parte, el presidente de la Comisión, Mauro Andino (AP), resaltó que en este borrador se busca cumplir con lo aprobado en la consulta popular del 2011.

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El Gobierno promocionó con las preguntas 1 y 2 impedir la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y permitiendo sancionar las trabas “irrazonables” en la administración de justicia.

Andino explicó que en este borrador no están creando otra estructura de lo que sería el nuevo procedimiento penal, sino que se está retomando el actual, haciendo cambios y adecuándolo a la Constitución.

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10 títulos
Componen el segundo libro del Código, que se refieren a la acción penal, sujetos procesales, entre otros.