La Ecuarunari se sumó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y hoy presentó una acción de incumplimiento de sentencia dictada por la Corte Constitucional en marzo del 2010 para tratar de frenar la vigencia de las reformas mineras aprobadas por la Asamblea Nacional y que entrarán a aplicarse una vez que se publiquen en el Registro Oficial.

Carlos Pérez Guartambel entregó esta mañana en la Corte el documento que contiene tres puntos. El primero tiene que ver con una exigencia para que se consulte a los pueblos y nacionalidades indígenas la manera cómo quieren ser consultados sobre temas de exploración y explotación minera; el segundo sobre exigir a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Orgánica de Consultas; y, tercero, solicitar a la Corte Constitucional que disponga a la Asamblea y al Gobierno dejar sin efecto el instructivo para la denominada consulta prelegislativa.

Sobre el primer punto, Pérez Guartambel dijo que el consultar a los pueblos indígenas el cómo quieren ser consultados es una recomendación dada por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas.

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Sobre el segundo punto, el representante indígena aclaró que actualmente existe un proyecto de Ley de Consultas en la Asamblea que fue presentado por la legisladora de Pachakutik Lourdes Tibán hace algunos meses, pero no se le ha dado la importancia para discutirlo y aprobarlo.

Finalmente señaló que sobre el tercer punto,  el instructivo para la Consulta Prelegislativa no cumple con las características ni requisitos que exige la Constitución.

"Exigimos que la Corte Constitucional, en sindéresis con la sentencia que dictó en marzo del 2010, mande y haga cumplir a la Asamblea y al Gobierno para que no se vulneren derechos constitucionales que afectan no solo a comunidades indígenas sino a todos los ecuatorianos", insistió el dirigente de la Ecuarunari.

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Y aclaró que dicha sentencia fue condicionada a que "si hay autorizaciones a concesiones mineras en territorios que no son  indígenas, estas pueden continuar, pero si esas fases mineras de prospección, exploración y explotación que están dentro de territorios indígenas, debe hacerse primero una consulta".

También exigió la suspensión de todas las consultas previas que se realizan actualmente en la Amazonia para la licitación de rondas petroleras y autorizaciones para concesiones mineras y para fase de exploración y explotación minera como el caso Cóndor Mirador en el cantón Pangui donde se "autorizó el faenamiento minero".

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Pérez Guartambel aclaró que esta acción de incumplimiento de sentencia constitucional es la última instancia a la que recurrirán en las cortes nacionales para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Le damos oportunidad histórica a la Corte para que demuestre la independencia del Ejecutivo, caso contrario el pueblo la juzgará y nosotros seguiremos con demandas internacionales...".

"La resistencia continuará, no vamos a claudicar, estamos defendiendo lugares sagrados donde nacen los páramos, el agua y una gran diversidad. Esta lucha no debe ser solo de los indígenas y por esos nos apoyan otros sectores sociales", refirió Pérez Guartambel.