Coordinador del Comité para la Protección de los Periodistas

Carlos Lauría coincidió con Mario Vargas Llosa en el foro ‘Iberoamérica de cara al futuro: desafíos institucionales, políticos y económicos. El rol de los medios de comunicación’ que se realizó el jueves pasado.

¿Tiene la Ley de Comunicación ecuatoriana una vocación autoritaria como dice el premio Nobel Mario Vargas Llosa?
No hay duda. Es el último paso del Gobierno en su intento de silenciar la crítica. Desde la asunción de Rafael Correa, Ecuador tiene los peores registros en lo que respecta a acciones para acallar las voces que no comulgan con el discurso oficial.

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¿Cómo afectaría esto a la ciudadanía?
Al promover la autocensura los periodistas deben restringir la cobertura de temas que son de interés público. La posibilidad de debatir estos temas es la piedra angular de la democracia. El derecho ciudadano a recibir información se restringe y el debate público se inhibe. Esto tiene una consecuencia directa en la calidad de la democracia.

¿Ve errores conceptuales en la normativa?
La ley introduce conceptos tan ambiguos, tan confusos, tan imprecisos como el linchamiento mediático o la necesidad de una información veraz, contextualizada, contrastada y precisa, que en lugar de democratizar el acceso a la información, tienden a abrir las puertas a la censura y a la arbitrariedad por parte del Gobierno que ha hecho de la confrontación contra los medios una política de Estado.

¿Qué pasa con la información?
El problema es que el Gobierno dice qué información es de interés público. Y eso contradice los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier aspecto positivo de la ley está totalmente invalidado por las restricciones que tiene.

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Se ha dicho que ha caído el primer medio, la revista Vanguardia.
Y aún quedan por verse más efectos prácticos y que pueden ser muy dañinos para la democracia.