En un plazo de 30 días, los dueños de la cerrada revista semanal Vanguardia harán una propuesta del monto de liquidaciones a sus extrabajadores, quienes anticiparon que si no se ajusta a la Ley irán a juicio.

Este jueves, los periodistas de este medio cerrado, no lograron una conciliación con el presidente de Vanguardia, Francisco Vivanco, para la cancelación de las liquidaciones por despido intempestivo.  

A la audiencia convocada para las 10:00, acudieron nueve periodistas entre ellos, Juan Carlos Calderón, director de la revista, y los periodistas Pablo Jaramillo, Jean Cano, entre otros y el abogado de Vivanco, Gerardo Aguirre.

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Aguirre se opuso a la conciliación argumentando que "ellos no fueron despedidos intempestivamente". Además de que se les canceló el salario de junio normalmente y luego de cerró el medio de comunicación.

Para este abogado, los periodistas deberán probar "judicialmente el cierre de la revista", lo cual fue objetado por el abogado de los trabajadores, Patricio Cano, porque aseguró que el cierre de la revista fue público, por lo tanto "despidieron intempestivamente a periodistas, fotógrafos y diseñadores".

La audiencia se realizó en la Inspectoría de Trabajo y no duró más de una hora. Ahí  se decidió que las liquidaciones se realizarán en línea, es decir, se podrá consultar a tráves de la página web del Ministerio de Relaciones Laborales.

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Los periodistas esperan que las liquidaciones se cancelen de acuerdo a lo que manda la Ley y el Código Laboral, de lo contrario irán a instancias judiciales.

Vanguardia cerró sus puertas el pasado viernes y a pesar de que el último número de la revista fue impreso, los dueños del medio decidieron no ponerlo en circulación. Los periodistas usaron el Internet para difundir su contenido.

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El cierre, según sus directivos se dio debido a la vigencia de la Ley de Comunicación desde el pasado 25 de junio, pero los periodistas señalaron que primero debían esperar la aplicación de la Ley para decidir un cierre definitivo del medio.

Ayer, el abogado de Vivanco, se negó a permitir que los periodistas obtengan copias de sus trabajos que se encuentran en los discos duros de las computadoras porque argumentó que esos aparatos pertenecen a la empresa y no a los periodistas.