La exhaustiva legislación migratoria aprobada por el Senado reduciría la inmigración sin autorización legal a Estados Unidos de un tercio a un medio más de lo que pasaría bajo la ley actual, indicó este miércoles la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Esa reducción es notablemente mayor que la que la OPC dijo que habría resultado de una versión anterior del proyecto de ley aprobado por la Comisión Judicial del Senado, que habría reducido la inmigración en estatus irregular sólo en un 25%.

Parcialmente en respuesta a las conclusiones anteriores, los senadores acordaron aumentar de forma notable la seguridad fronteriza en el proyecto de ley y adoptar medidas contra los inmigrantes que permanecen en territorio estadounidense más tiempo del permitido por sus visas.

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Esos cambios ayudaron a que el proyecto fuera aprobado la semana pasada en el Senado, controlado por los demócratas, por mayoría bipartidista de 68-32. El proyecto pasó ahora a la Cámara de Representantes, donde encara un futuro incierto.

La OPC dijo además que pese a gastar 36.000 millones de dólares más en seguridad fronteriza como habría ocurrido con las versiones anteriores del proyecto de ley, la legislación reducirá el déficit presupuestario en 158.000 millones de dólares en 10 años y en 685.000 millones en la década siguiente. Los impuestos pagados por los nuevos residentes con situación legal superarán los nuevos gastos en beneficios gubernamentales y otros costos conforme al proyecto de ley.

La legislación duplicaría el número de agentes fronterizos a lo largo de la frontera con México, al mismo tiempo que pide la construcción de centenares de kilómetros (millas) de vallado, además de requerir a las empresas que comprueben la situación legal de sus empleados. Unos 11 millones de inmigrantes residen ya ilegalmente en Estados Unidos y podrían obtener la ciudadanía en 13 años, si pagan multas e impuestos y cumplen ciertos requisitos. Nuevos y más amplios programas de visados para trabajadores permitirán a decenas de miles de nuevos trabajadores entrar en el país a fin de ocupar empleos de alta tecnología y labores manuales.

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Conforme al proyecto de ley aprobado, el informe descubrió que habrá en los próximos 10 años unos 2,4 millones menos de inmigrantes que entren en el país de forma irregular o se queden más tiempo del permitido por sus visas, frente a la situación bajo la legislación actual.