Varias ciudades de Costa Rica, incluida la capital San José, vivieron este martes protestas masivas contra la corrupción y supuestas concesiones "leoninas" a empresas transnacionales, entre otros reclamos al gobierno.

Las actividades educativas en todo el país, los servicios de salud, la carga y descarga en los muelles, entre otras, han estado paralizados en forma total o parcial por las protestas que, sin embargo, han transcurrido sin incidentes violentos, según reconoció el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

En San José, miles de personas se concentraron en la fuente de la Hispanidad, en el este de la ciudad, y luego marcharon hasta el edificio de la Asamblea Legislativa, en el sector central, provocando grandes congestionamientos en diferentes vías.

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"Nos creían rebaño, pero no lo somos"; "No más chorizos (corrupción"; "Muerte al entreguismo del gobierno", "No a la eliminación del derecho de huelga", decían algunas de las pancartas que portaban los manifestantes, en su mayoría estudiantes, empleados públicos, taxistas y miembros de organizaciones de vecinos.

Las manifestaciones se repitieron en las otras seis provincias del país, con paros laborales, marchas y bloqueos de carreteras.

En el puerto de Limón, por donde se efectúa más del 80% del comercio exterior del país, los trabajadores cerraron los muelles y bloquearon la carretera que une con la capital en varios puntos.

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Corrupción desploma popularidad de mandataria
Los manifestantes protestan por una serie de decisiones adoptadas por el gobierno en los últimos meses y por hechos de corrupción que han hecho desplomarse la popularidad del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla.

Entre las demandas está la de suspender un contrato de concesión con la empresa holandesa APM Terminals para construir un nuevo puerto en Limón, que prácticamente aniquilaría las actuales instalaciones portuarias que administra una empresa estatal.

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También demandan al gobierno que retire un proyecto de ley que busca restringir el derecho de huelga en los servicios públicos; así como poner coto a los hechos de corrupción que las organizaciones sociales califican como "un verdadero saqueo del país".

El ministro de la Presidencia, Carlos Benavides, dijo que el gobierno está "abierto al diálogo" pero rechazó la posibilidad de retirar el proyecto que busca restringir la huelga en el sector público.

"No podemos permitir la huelga en servicios esenciales. Hay empleados que simplemente no pueden hacer huelga, como los policías, los médicos, las enfermeras", aseguró el ministro.

El funcionario no se refirió a las otras demandas planteadas por el movimiento.

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Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, dijo que las protestas transcurrieron en orden y sin más incidentes que los congestionamientos viales.