El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, afirma que la Corte Constitucional (CC) debe hacer definiciones sobre lo que se considera un conflicto interno en las comunidades indígenas para determinar las competencias entre la justicia indígena y la ordinaria.

¿Existe distorsión en la aplicación de la justicia indígena?
La Constitución tiene una disposición muy clara que establece que las autoridades de los pueblos indígenas pueden resolver conflictos internos aplicando su derecho propio, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Se tiene tres características: que sea autoridad indígena; que debe ser un conflicto interno; y que tiene que ser un derecho propio que sea compatible con la Constitución y los derechos humanos. Cualquier cosa que se salga de esos tres aspectos sería una distorsión. La dirigencia indígena ha reconocido que se han dado distorsiones y que eso hay que corregirse.

El CJ ha pedido a la CC la interpretación de la expresión “solución de conflictos internos”, referente al tema de justicia indígena, pero líderes de comunidades indígenas entrevistados afirman que todo está claro en la Constitución.
Todos vivimos bajo una misma Constitución. El punto está en decir qué es conflicto interno. Al menos tres aspectos deben considerarse: el aspecto territorial, personal y material. Son tres aspectos y no es solo uno el que debe considerarse. Por eso es imperioso que la CC se pronuncie. Su definición va a dar muchas luces y creo que zanjaría definitivamente cualquier debate.

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¿Por qué ha demorado la aprobación de una ley que permita la coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria?
Esa es una ley que eminentemente tiene algunas complicaciones técnicas. Ahí hay una demora en la tramitación de la ley y ojalá esta nueva Asamblea la pueda tramitar. Yo creo que la CC tiene un rol trascendente. Entendemos que sobre el tema tienen cuatro casos y una solicitud de interpretación.

En la carta que envió a la CC dice que es motivo de preocupación para el CJ el que “ciertas normas relativas a la justicia indígena están siendo indebidamente utilizadas para alcanzar la impunidad en delitos graves”. Hay la real intención en las comunidades indígenas de que casos graves como violaciones o asesinatos queden en la impunidad.
No me refiero a la actuación de las autoridades de los pueblos indígenas, sino a las maniobras de ciertos abogados y a decisiones de ciertos jueces que sin motivaciones suficientes han declinado la competencia sobre temas de violación a una anciana, a niñas y niños. Lo que nosotros no podemos admitir, en el ámbito de nuestra competencia, es ver que se empieza a dar una práctica de ciertos abogados de a sus clientes recomendarles buscar la declinación de competencia hacia la justicia indígena.

En la mayoría de comunidades indígenas que visitamos dicen creer más en su justicia, por la rapidez, la transparencia en el proceso, por sentencias que rehabilitan, a diferencia de una justicia ordinaria, afirman ellos, lenta, corrupta, que encierra a la gente y no cura ningún mal.
En mi opinión no se trata de una evaluación sobre qué justicia es mejor que la otra, sino qué es de la competencia de la una y qué es competencia de la otra. Eso lo tiene que marcar la decisión de la Corte Constitucional.

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601
Robos, los más denunciados

Entre enero del 2011 y mayo del 2013, los robos (601) fueron los más denunciados en las 14 fiscalías de Asuntos Indígenas.

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380
Casos de violación

Las violaciones (380) están entre los más denunciados en las fiscalías de Asuntos Indígenas entre el 2011 y mayo del 2013.

3
Provincias donde más se registran denuncias

Zamora Chinchipe, Pichincha y Cotopaxi, son donde más denuncias se dieron en comunidades indígenas en este año.