El gobierno argentino advirtió ayer que respeta el fallo de la Corte Suprema que declaró el pasado martes inconstitucional la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, pero reiteró su objetivo de ‘democratizar’ el Poder Judicial.

“Nosotros somos una república representativa, así lo dice la Constitución Nacional, y no puede ser que la gente vote en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, y para elegir a los abogados y académicos que después van a elegir a los jueces no pueda”, dijo el ministro argentino de Justicia, Julio Alak.

Alak admitió que el gobierno de Cristina Fernández esperaba “que la Corte sacara una sentencia más democrática” y tildó de ‘aristocrático’ el sistema actual de elección por sus propios pares de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar y destituir a los jueces.

Publicidad

Pese al revés judicial, el gobierno mantiene “el desafío de democratizar el único poder que el pueblo no tiene posibilidad de votar”, reiteró Alak, quien recordó que “las luchas por la democratización nunca han sido fáciles”.

El máximo tribunal argentino declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley recién aprobada por el Parlamento, por la que se introdujeron cambios en la regulación del Consejo de la Magistratura. También declaró inconstitucional el decreto por el cual el gobierno realizó la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros en octubre.