El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó este viernes su "consternación" por la nueva Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador y dijo que representa un "duro golpe" a la libertad de expresión en ese país.

"La aprobación de la ley de comunicación es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa", afirmó en un comunicado el coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauría.

La Asamblea Nacional, dominada por la gobernante Alianza País, aprobó la Ley de Comunicación, que la oposición calificó de "ley mordaza", mientras que el oficialismo la defiende como instrumento para frenar abusos cometidos por ciertos sectores de la prensa.

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La nueva normativa establece la regulación de los contenidos editoriales y otorga a las autoridades la capacidad de imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa, según la organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York.

"Las disposiciones restrictivas y el lenguaje ambiguo contradicen garantías constitucionales y normas internacionales sobre libertad de expresión", añadió Lauría, quien denunció que amenaza el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre "temas delicados".

El responsable para las Américas del CPJ consideró que con esta nueva normativa, que venía debatiéndose desde el año 2009, el Ejecutivo de Rafael Correa busca "amordazar a los críticos de su gobierno".

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"Al interrumpir programas de noticias en medios privados para imponer el punto de vista oficial, promover medidas legales restrictivas, lanzar campañas de desprestigio contra los críticos y enjuiciar a periodistas por difamación, la administración Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada", añadió.

Entre las novedades de la ley está la figura del "linchamiento mediático", que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.

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También crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control" y tendrá "capacidad sancionatoria" sobre la actuación de medios de comunicación.

"Hoy es un día fúnebre para el Ecuador. Hoy en la Asamblea Nacional se firma el acta de defunción de la libertad de expresión. Vamos camino a la consolidación de un régimen fascista", escribió el asambleísta de oposición Andrés Páez en su cuenta de Twitter.