Nicaragua se colocó hoy a un paso de ceder a una empresa china hasta por 100 años una polémica concesión para la construcción y explotación de un canal de gran calado entre el Atlántico y el Pacífico, una obra que durará unos 10 años y costará 40.000 millones de dólares.

Dos proyectos de ley que cederían a la desconocida compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited, con sede en Hong Kong, una concesión durante 50 años, prorrogables con otros 50, para operar el canal, fueron enviados este viernes a una comisión legislativa, que inició las consultas sobre su viabilidad previo a la discusión en el plenario.

Las iniciativas, enviadas con carácter urgente por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con el rechazo de la oposición, que es minoría en el Congreso, serán discutidas posiblemente el próximo jueves, dijo a periodistas la diputada sandinista Jenny Martínez, titular de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional.

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El Ejecutivo sandinista propuso otorgar una concesión "exclusiva" a la empresa china, cuyo director es Wang Jing, quien, de acuerdo a la oposición nicaragüense, "no es un inversionista, sino un abogado" sin experiencia en asuntos de esta índole.

Según dijo el secretario de políticas públicas del Gobierno, Paul Oquist, a medios oficiales, el inicio de la construcción de un canal aún más amplio que el de Panamá, de aprobarse, elevaría el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua de entre un 4-5 % a un 10,8 % en 2014 y hasta un 15 % en 2015.

Nicaragua pretende incluso "doblar" su economía y convertirse en uno de los países con mayor crecimiento entre 2014 y 2018, debido a una inversión de 40.000 millones de dólares para la construcción del canal, señaló.

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Según las proyecciones del Gobierno, el empleo formal pasaría de 623.458 personas, que existen en la actualidad, a 1,9 millones con la construcción de la obra.

Oquist afirmó, además, que el impacto ambiental no será un problema, porque se dispondrán recursos económicos para reforestar y cuidar el entorno.

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El funcionario explicó que Nicaragua cederá la concesión hasta por 100 años a la compañía china a un precio de 100 millones de dólares, que serán pagados en 10 años.

El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua incluiría un canal para naves y uno seco ferroviario, oleoductos, puertos y pistas aéreas tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

La concesión comenzaría a partir del inicio de operaciones comerciales de la obra, y los 50 años prorrogables quedarían a elección del inversionista, según el proyecto Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados.

También se discutirá la Ley de Concesión a los Servicios de Inspección No Inclusiva a los Puestos de Controles y Fronteras para la Seguridad Nacional.

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La propuesta del Ejecutivo cuenta con el respaldo de las principales cúpulas empresariales nicaragüenses, las que, sin embargo, exigen que se preserve el medio ambiente, se dé prioridad a la mano de obra local y a sus empresas en la construcción de la obra.

Además, que se incorporen a representantes del sector privado en la comisión del canal.

Por su lado, la oposición nicaragüense confirmó que no apoyará la aprobación de esas leyes, porque consideran que es una "estafa a la voluntad y el sueño del pueblo de Nicaragua", según dijo a periodistas el diputado Eliseo Núñez, de la Bancada Democrática Nicaragüense.

Núñez sostuvo que la compañía china, a la que se le cedería la concesión del canal, "es una empresa de papel" y sin dinero para la inversión, y cuyo representante, Wang Jing, "no es un inversionista, sino un abogado chino".

El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) acusó en un comunicado a Ortega de pretender "entregar la soberanía nacional de Nicaragua" a una "empresa desconocida", en alusión a la firma china, y demandó una "consulta popular amplia".

"El pueblo nicaragüense tiene derecho a conocer en detalle de qué empresa se trata, quiénes son sus dueños, qué intereses se mueven detrás de ella, qué capacidades técnicas posee para desarrollar un proyecto de esa envergadura, cuál es su solvencia económica, moral y empresarial", razonó ese colectivo disidente, con dos diputados en el Congreso.

Nicaragua estudia cuatro posibles rutas para construir la infraestructura y todas pasan por una parte del Lago Cocibolca, tras descartar dos que pasarían por el río San Juan (frontera con Costa Rica), de soberanía nicaragüense.