En el tercer piso de la Corte de Justicia del Azuay, la afluencia de la gente y de los medios de comunicación hizo prever que se trataba de un caso grave, incluso, porque esperaban la presencia del Fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, para iniciar la audiencia.

Mediante una rueda de prensa, Chiriboga así lo confirmó. La Fiscalía el martes pasado recibió información de un presunto lavado de activos que involucraba a 16 cuentas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera.

Chiriboga indicó que la Superintendencia de Economía Mixta y Solidaria determinó que se habrían efectuado “movimientos inusuales” de aproximadamente $31 millones, lo  que representa más del 100% del saldo de los depósitos de la cooperativa, que llegaron y salieron a varios destinos, por lo que se investiga su procedencia.

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Chiriboga aclaró que Coopera como tal no tiene ningún problema. “Por lo tanto los socios deben mantener la calma. La indagación es en contra de algunos empleados”, sostuvo. Como parte de la investigación, además del allanamiento realizado a la matriz para recabar documentos, fueron requeridos cuatro empleados, entre ellos Rodrigo Aucay Sánchez, gerente general de Coopera.

De ellos, solo dos, el gerente financiero y el auditor asistieron para comparecer en la audiencia que se realizó esta mañana. Un tercer implicado no fue localizado en su domicilio.

A Chiriboga le llamó la atención que Aucay abandonara el país el pasado 5 de junio, a las 12:45 con destino a República Dominicana, cuando ese día los dos fiscales del Azuay y el de la Nación trataron el caso en las oficinas de la Fiscalía en Quito.

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“Implica una fuga de información, vamos a investigar y procesar a los implicados”, indicó.

Asimismo resaltó el trabajo de la Fiscalía que en pocos días logró reunir elementos suficientemente sustentados para el proceso, el cual inició a partir de un informe emitido por la Superintendencia que les llegó el 4 de junio pasado.

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El juez primero de Garantías Penales dictó prisión preventiva para el Gerente Financiero y Auditor de Coopera y se abrió una etapa de instrucción fiscal por 90 días, para que la Fiscalía realice varias pericias, entre ellas auditorías contables.

Los abogados defensores de los implicados dijeron que reunirán los elementos necesarios para demostrar la inocencia de sus defendidos. El abogado Diego Rodríguez consideró como insuficiente el tiempo, “1 o 2 días” empleados por la Fiscalía para iniciar un proceso que se dio “de la noche a la mañana”.