Otros lugares de Monte Sinaí temen por desalojos

Nuevas notificaciones de desalojos habrían sido entregadas la tarde de ayer en otra área poblada de Monte Sinaí, zonas del noroeste de la ciudad donde el Gobierno ejecuta un plan en contra de las invasiones.

Habitantes de la cooperativa Arco Iris refirieron que delegados de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares entregaron los avisos; sin embargo, esta versión no se pudo confirmar con funcionarios vinculados a ese organismo porque no contestaron sus teléfonos.

En la cooperativa Las Marías recién se cumplió el plazo otorgado por la Secretaría para que alrededor de 200 familias dejen la posesión de sus terrenos.

Julio César Quiñónez, secretario técnico, señaló que los desalojos van a continuar en ese y otros sectores de Monte Sinaí, pero ha evitado dar fechas para el retiro en Las Marías. Las acciones se ejecutan con ayuda de la fuerza pública.

Los habitantes han colocado pedazos de telas blancas en sus portales como una señal de que quieren agotar el diálogo en pro de su legalización.

Han buscado respuestas en el Municipio y la Gobernación del Guayas, pero no se ha logrado detener el proceso.

Ayer, causaron nerviosismo los patrullajes de elementos de la Policía Nacional. Según los moradores, los gendarmes tomaban fotos del sector.

El Gobierno emprendió en diciembre del 2010 un plan en contra de las invasiones y de quienes las promueven. En ese sentido y apoyado en información fotográfica, exige dejar sus tierras a quienes levantaron casas en Monte Sinaí después de esa fecha.

Según datos de la Gobernación, con base a un estudio del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 1.342 construcciones se han levantado en Monte Sinaí después de diciembre de 2010.

El 10 de mayo pasado, el Gobierno ejecutó un masivo desalojo. Cuatrocientas veinte casas, la mayoría elaboradas de caña, fueron tumbadas en la cooperativa Thalía Toral.

Previamente los habitantes fueron avisados de la acción de desalojo.

En el sitio, hasta ayer, quedan restos de casas derribadas, pero ahora prevalece un letrero que exhorta a los habitantes a denunciar a los llamados traficantes de tierra.

El Gobierno ha judicializado las denuncias en contra de dirigentes de tierras.

La Gobernación agregó que 2.275 documentos ligados a los casos han sido enviados a la Fiscalía Distrital del Guayas, que ha iniciado investigaciones para determinar entre los imputados los indicios de responsabilidad por el tráfico ilegal de tierras, fraccionamiento de lotes y estafa.