El asambleísta oficialista Mauro Andino, ratificado la semana pasada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como ponente del proyecto de Ley de Comunicación, recoge las propuestas por escrito para ajustar este texto que, según declaraciones de la secretaria de Gestión Política, Betty Tola, sería votado en el pleno después de dos o tres semanas.

Andino se muestra abierto a escuchar más planteamientos, incluso en el mismo momento que se reinstale la sesión que quedó suspendida en el periodo legislativo pasado.

Uno de los aportes nuevos que ha recibido el asambleísta ponente es el de José Bolívar Castillo, del Movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), quien propone la creación de la Superintendencia de la Comunicación.

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Andino no descarta incluir ese tema en el articulado ni la definición de la figura del “linchamiento mediático”, que por ahora se analiza si debe ser incorporada en el Código Civil, en el Penal o en el mismo proyecto de la Ley de Medios.

Castillo, quien fue alcalde de Loja, enjuició penalmente al periodista Freddy Aponte por injurias. Lo acusó en junio del 2007 de supuestamente haberlo llamado “ladrón” en su programa radial de opinión.

Sobre la creación de la Superintendencia de la Comunicación no existe una posición definida en Alianza PAIS (AP). El criterio de Ángel Vilema es que el tema se considere en la Ley de Telecomunicaciones. Respecto del segundo tema, dice que hay que diferenciar qué es investigación y qué cosa sería el “linchamiento mediático”.

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Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea, asegura que ella no ha escuchado que los temas de la Superintendencia o el del linchamiento vayan a ser incorporados en el articulado. E insiste en que “el debate concluyó”.

El reajuste del articulado o una adenda y la votación por artículos o en paquete son dos temas de forma que también están en debate dentro de la mayoría oficialista.

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Desde la oposición, la posibilidad de generar una adenda para que cambios de última hora sean incorporados a la normativa es considerada como ‘antidemocrática’ y se asegura que como consecuencia se “restaría legitimidad a la ley”.

“Se quiere imponer una ley con castigos, controles, regulaciones excesivas a los ciudadanos, periodistas y medios de comunicación... No nos van a imponer una ley reglamentariamente discutida, pero no democráticamente debatida”, expresa Luis Fernando Torres (CREO-PSC).

Magali Orellana (PK) sostiene que con los nuevos cambios propuestos “parecería que se habla de la guillotina o la inquisición en pleno siglo XXI y lo peor es que de aprobarse, se hará sin debate y con aplanadora (oficialista)”.

Ayer, en los pasillos de la Asamblea también se abordó otro tema relacionado con medios, la posible simulación de venta por parte de bancos.

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El superintendente de Bancos, Pedro Solines, anunció las posibles sanciones administrativas a los banqueros que no hayan cumplido con el mandato de desvincularse de medios.

Si se comprueba que simularon la venta de acciones, las sanciones serían la incautación de estas, el retiro de derechos políticos y económicos y un plan de revalorización.

Solines hizo ese anuncio antes de ingresar a la Comisión de Fiscalización, adonde acudió para informar acerca de los cobros de deudas de la banca cerrada.