En el enlace que se desarrolló ayer desde el cantón Mocha (sur de Tungurahua), el presidente Rafael Correa defendió la gestión del régimen en torno al conflicto entre los grupos indígenas taromenanes (no contactados) y huaoranis.

El pasado 5 de marzo, en un sector de la provincia amazónica de Orellana, una pareja de huaoranis fue asesinada en un ataque atribuido a taromenanes. En venganza, a fines de ese mes, los primeros habrían matado a un número no confirmado de los no contactados y raptado a dos niñas.

“El Gobierno actuó enseguida”, manifestó, al señalar que se pidió un informe a la gobernadora de Orellana de cómo se utilizaron armas, cómo entraron antropólogos y representantes del Ministerio de Justicia a hablar con los huaoranis, y lamentó que no se haya podido evitar la venganza. Añadió que son pocas las situaciones que a nivel de derecho son tan complejas como este tema.

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“Tenemos declaraciones de la ONU y de la CIDH, hay que preservar la vida de los pueblos no contactados, yo también les firmo el decreto que hay que preservar la vida, el problema es cómo, si son no contactados”, expresó.

El pasado jueves, James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para los Pueblos Indígenas, instó al Gobierno ecuatoriano a tomar medidas para prevenir nuevos actos de violencia entre esas comunidades indígenas.