La dispersión de los grupos políticos de oposición al oficialismo impidió ayer que el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) sea integrado en su totalidad, porque faltó designar a dos de los siete miembros que conforman este órgano de administración de la Asamblea Nacional.

Ayer, como miembros del CAL se eligió –además de la presidenta, Gabriela Rivadeneira (AP), y las dos vicepresidentas, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga (AP)– a Virgilio Hernández (AP) y Rocío Valarezo (AP-MAR); esta última, como parte de una bancada denominada Alianza, que la conforman 18 asambleístas.

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De acuerdo con la ley que rige a la Legislatura, se deberán esperar cinco días, después de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, para que se constituyan las bancadas legislativas. Si se integran bancadas, estas podrán obtener una representación ante el CAL. En caso de que no existan bancadas, la designación de los dos representantes del CAL que restan nombrar, lo hará directamente el pleno.

En la sesión inaugural de la Asamblea, la legisladora Mae Montaño (CREO) reclamó para ese sector político, que tiene once asambleístas, tener una representación en el CAL, sin que esto signifique que armarán una bancada. “Somos la segunda fuerza política en la Asamblea, después de Alianza PAIS, por consiguiente tenemos derecho a estar representados en el órgano de administración legislativa”.

Montaño, tras hacer un llamado a eliminar, desde la Asamblea, la violencia verbal y establecer una política de defensa de las libertades, postuló como candidato al CAL a su coideario de la provincia de Chimborazo, Ricardo Moncayo.

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También, el representante del partido Avanza, Byron Pacheco, expuso ante el pleno la necesidad de que este sector político, que dijo respalda al gobierno de Rafael Correa, tenga su representante ante el CAL.

Pacheco manifestó que esperarán los cinco días que manda la ley para observar si se presentan bancadas, desde el lado de la oposición, de lo contrario insistirán en que Avanza debe estar representado en el organismo de administración legislativa, aunque aún no tienen el nombre del aspirante a ocupar esta dignidad. Esta organización política tiene cinco representantes en la Asamblea.

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Durante el primer día de sesiones de la nueva Asamblea Nacional que durará hasta el 2017, los sectores de oposición se presentaron desarticulados.

Ninguno mostró interés por integrar una alianza con fines de pactar un programa-marco para el periodo legislativo, como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Casi con resignación, los representantes de CREO, Sociedad Patriótica (SP), Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) esperarán la decisión del pleno de la Asamblea para que se complete la integración del Consejo de Administración Legislativa, pues no hubo reuniones previas para llegar a acuerdos programáticos.

Lourdes Tibán (Pachakutik) explicó que en esta nueva Asamblea no existen aliados naturales como para armar y unificar una agenda e inclusive reclamar una representación en el CAL.

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Sin embargo, afirmó Tibán, que en materia legislativa habrá acuerdos puntuales con otras organizaciones políticas, por ejemplo, en la Ley de Aguas, Ley de Minería y Ley de Comunicación, para esta última, añadió, coincide con otros sectores en la necesidad de que se debe revivir el acuerdo ético-político firmado en la Asamblea Nacional para estructurar el contenido de la ley.

Sociedad Patriótica, a través del asambleísta Gilmar Gutiérrez, insistirá “hasta el cansancio” en la necesidad de unificar fuerzas para poder hacer escuchar la voz y defender una agenda legislativa distinta a la del Gobierno, manifestó.

Si bien no hay posibilidades de armar una bancada para ocupar un espacio en el CAL, Gutiérrez señaló que ojalá las agrupaciones de minoría no escojan el camino de una actuación inmaculada, porque de esa forma se restringirán aún más las posibilidades de implementar una agenda propia desde la oposición.

Afirmó que no es tiempo de ver aliados naturales o ideologías, sino unirse por la defensa de principios como la libertad y la democracia.

Los socialcristianos, expresó Franco Romero, no tienen interés de captar un espacio en el CAL y tampoco se ha concretado ninguna alianza.

Lo que sí habrá, dijo, son acuerdos puntuales o coyunturales en materia de legislación para defender postulados como la Ley de Comunicación, derogatorias de los impuestos, fortalecimiento del sector agropecuario, Ley de Minería y Ley de Aguas, donde se tomarán las acciones que más convengan a los sectores ciudadanos.

El asambleísta Patricio Donoso (CREO) coincidió con su coidearia Mae Montaño de que su organización política debe estar representada en el Consejo Administrativo de la Legislatura como parte de un derecho ético, pero que será el pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva en la próxima sesión, pero no está dentro de los objetivos de CREO el estructurar una bancada.

Los entendimientos políticos, con la oposición al Gobierno Nacional, habrá sin lugar a dudas, pero en cosas puntuales como, por ejemplo, la futura Ley de Comunicación donde plantearán que se reactive el acuerdo ético-político suscrito por las bancadas en la anterior Asamblea Nacional.

El asambleísta explicó que la posición del movimiento CREO es que la ley no lleve a la censura previa, que no permita el cierre de medios de comunicación, que ese cuerpo legal procure la independencia en la integración del consejo de regulación y que se respeten los convenios internacionales en cuanto a los derechos a la información, puntualizó Donoso.

Leyes prioritarias

Comunicación

Este proyecto ya cuenta con un informe aprobado en segundo debate y solo está pendiente su votación. Falta definir si se lo hará, de acuerdo a una moción, artículo por artículo o si se reciben aportes de los nuevos asambleístas. Su promulgación consta como mandato en la Constitución de Montecristi del 2008 en la que se estableció el plazo de un año para su elaboración y aprobación. También fue ratificada en la consulta popular de mayo del 2011.

Aguas

La Constitución, vigente desde octubre del 2008, le dio un año a la Asamblea para aprobar esta ley. En noviembre del 2009 el pleno aprobó el primer informe. Seis meses después se presentó un nuevo informe de mayoría. Entre los temas álgidos está el sistema de administración del agua, la autoridad única del recurso y sus atribuciones. En la Asamblea está suspendida la votación. Actualmente se está sistematizando los resultados de la consulta prelegislativa.

Penal Integral

La Comisión de Justicia retomó en marzo pasado el debate de este Código, que tipifica delitos que no constan en la norma actual, entre esos, el feminicidio. Este establece que cometerá la infracción “quien en el contexto de una relación de poder dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”. La pena será de 25 a 28 años, dependiendo de las particularidades del caso. La mesa analizó la propuesta con el apoyo de órganos de justicia.

Seguridad Social

El proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social cuenta con un informe favorable para segundo debate. La jubilación de las mujeres a los 55 años, y no a los 60, es una de las propuestas. El expresidente de la Asamblea, Fernando Cordero, no lo tramitó porque el oficialismo cree que esto es demagogia. En el informe de la Comisión de Derechos de los Trabajadores se puntualizó que será voluntario acogerse a la jubilación a los 55 años, y con 30 aportaciones.

Código de Salud

En la Asamblea Nacional hay tres pedidos de reformas a la Ley Orgánica de la Salud o Código de Salud que no han pasado del primer debate. El oficialismo insiste en que hay que socializar este tema y recalca que los insumos para los cambios a esta norma han venido de enfermeras, doctores en general, agrupaciones de mujeres, entre otros. Según la discusión en la mesa legislativa de Salud, la figura de mala práctica podría constar en este cuerpo legal así como en el Código Penal Integral, que también está en discusión.

La Concordia

La ley para la adhesión del cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas ya pasó por el segundo debate y solo hace falta la votación. A falta de esta aprobación en la Asamblea Nacional, en las elecciones generales del pasado 17 de febrero los habitantes de La Concordia tuvieron que votar por candidatos de la provincia de Esmeraldas y no por los de Santo Domingo de los Tsáchilas, a la que decidieron pertenecer tras una consulta popular celebrada en esa jurisdicción el 5 de febrero del 2012.