La Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH alertó este viernes sobre el "sensible aumento" de la violencia contra periodistas en América y la "preocupante impunidad" de esos delitos, y urgió a los Gobiernos a derogar el delito de desacato y otras medidas penales contra la prensa.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la relatoría encargada de esa área dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Gobiernos de toda la región a "tomar todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad de los crímenes" contra periodistas.

"Sin una prensa plural, vigorosa, libre e independiente los abusos de poder quedan silenciados y se fomenta el arraigo de sistemas autoritarios", advirtió en un comunicado la oficina dirigida por la colombiana Catalina Botero.

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La Relatoría recordó el "sensible aumento, en los últimos años, de la violencia contra las y los periodistas, asociada al ejercicio de su profesión y el preocupante estado de impunidad de dichos crímenes".

En 2012 fueron asesinados al menos 26 periodistas en toda la región, y varios más desaparecieron o fueron desplazados de su lugar de trabajo, según el informe anual que publicó a mediados de abril la propia Relatoría.

Por tanto, el órgano instó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a "realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social", además de juzgar y condenar a los responsables y reparar a las víctimas.

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Urgió también a "derogar el delito de desacato y promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal, a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público sobre funcionarios públicos o sobre candidatos" a serlo.

En la misma línea, pidió "evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos", incluido mediante el uso de los medios estatales.

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Solicitó, además, mejorar los mecanismos de prevención de la violencia y adoptar "medidas eficaces de protección" para quienes se exponen "a un riesgo especial" de violencia relacionada con la libertad de expresión.