Debate en España por modelo de protesta argentino adoptado por afectados de hipotecas

Aída Quinatoa fue una de las doscientas personas que el viernes pasado se plantó a los pies de la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, con un círculo verde en su mano y esta leyenda en el centro: 'Sí, se puede'.

¡No son desahucios, son asesinatos! ¡Vecino despierta, desahucian en tu puerta! fueron algunas de las tantas frases que se escucharon en boca de esta ecuatoriana y de los manifestantes afines a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Así comienzan los escraches, una modalidad  de protesta importada desde Argentina que consiste en señalar de forma pública a los representantes políticos que no atienden sus demandas. Los diputados, a quienes van dirigidos, hablan de "acoso y coacción".

En la PAH no están conformes con las acciones que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha adoptado para frenar la sangría de desalojos y creen insuficientes las acciones que contempla el Proyecto de Ley de los deudores hipotecarios que se tramita estos días en el Congreso de los Diputados.

La propuesta del Partido Popular (PP), con mayoría en la Cámara Baja, no incluye ni la dación en pago retroactiva (con la entrega del inmueble se salda la deuda), ni la paralización de todos los desahucios ni los alquileres sociales de las viviendas vacías en poder de los bancos, que se pedía en la Iniciativa Legislativa Popular que llegó a las Cortes avalada por 1,4 millones de firmas.

A principios de marzo, desde la PAH, se remitió invitaciones a los parlamentarios para que acudan a sus asambleas y conozcan "de primera mano" el drama de los deudores que están a punto de quedarse en la calle.

No obtuvieron respuesta. Ahora han decidido trasladar esos testimonios hasta sus casas en el marco de la campaña "Hay vidas en juego". Las historias parecen calcadas: familias que por culpa del desempleo han pasado de la clase media a rozar el umbral de la pobreza.

"Llevo un año en el paro y cobro 400 euros de prestación. Ustedes dejan que la banca me quite la casa por un 60% de su valor, pretenden que viva en la calle con mi hijo y les siga pagando cuando ya me lo han robado. No estoy dispuesta a que hipotequen mi vida y la de mi hijo", advierte con un megáfono una mujer acompañada de su primogénito en los aledaños a la vivienda de Ignacio Gil, diputado del PP.

Ada Colau, portavoz de la PAH, describe este método como una manera de "interpelar a los representantes públicos que desoyen el clamor popular". Los "señalados" lo ven como una modalidad de coacción, persecución e insulto. Algunos han llegado a comparar esta fórmula con la utilizada por la banda terrorista ETA e, incluso, por los nazis.

El primero en denunciarlo fue Esteban González Pons, congresista del PP, quien afirmó que un grupo de personas entró en el portal de su residencia en Valencia, subió hasta la  vivienda y aporreó la puerta durante 45 minutos. Sus hijos, dijo, se encontraban en el interior.

"¿Por qué un niño va a tener que aguantar una presión en la puerta de su casa?", se preguntó hoy el ex presidente socialista, Felipe González. En su opinión, "se está llegando a un cierto consenso en que la movilización no puede derivar en violencia contra las personas".

Políticos conservadores y de izquierda se han pronunciado en contra de los escraches. En un artículo publicado en diario El Mundo, Rosa Díez, líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), los tachó de "acoso cobarde, acoso vil, acoso radicalmente inaceptable". 

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, advierte que son "ilegítimos, injustos e inútiles" porque no lograrán que los populares cambien su voto respecto a la reforma de la Ley Hipotecaria.

La PAH ha respondido a las críticas con un video en el que medio centenar de personas anónimas (el más joven tiene nueve años) defienden su lucha y les recuerdan a los votantes del PP que no son el enemigo sino las víctimas. 

Un sondeo de Metroscopia, que el lunes hizo público El País, evidenciaba que el respaldo de la ciudadanía a este tipo de protestas era del 78%. El apoyo es mayoritario pero ha bajado 11 puntos en en el último mes en el que se ha debatido en todos los medios de comunicación sobre la idoneidad de los escraches.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía resolvió solicitar a los Fiscales Superiores de las 17 Comunidades Autónomas informaciones sobre el "acoso al que se ven sometidos los representantes políticos". El objetivo es "realizar el correspondiente análisis sobre la relevancia jurídico penal de cada una de estas situaciones".

Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que, "en función de las características y necesidades de cada lugar, se establecerá un perímetro de seguridad de las viviendas de los dirigentes que se vean afectados".

Los miembros de la PAH no se arredran. Alertan de que España asistirá a una "primavera verde" (en referencia al color de las camisetas que portan) plagada de escraches. Ya lo apunta el título de su campaña: "hay vidas en juego".