José Olmos
LA PANGUI, Zamora Chinchipe.- El sonido de la avalancha atemoriza. Las rocas crujen arrastradas por el agua lodosa que se abre paso por una grieta formada sobre una avalancha mayor, aquella que el sábado 30 de marzo descendió 300 metros por la quebrada Aguas Blancas, desde el cerro La Pangui, en la cordillera del Cóndor, y sepultó a seis mineros. Solo el cuerpo de uno ha sido localizado.

En la zona del desastre trabajan tres retroexcavadoras en la búsqueda de los cuerpos. Lo hacen a ratos. Si llueve o hay crecientes, se suspenden las tareas. Mientras, en la parte alta, al filo de un camino cortado están los familiares de Víctor Paqui y su hijo de 3 años; de Salvador Quezada, de 33 años; de Darwin Guerrero, peruano de 17 años; y de Manuel Medina, de 30.

Los parientes, como María Delia Guayllas, madre de Paqui; o Carmen Guerrero, esposa de Quezada y hermana del joven peruano, no solo se afligen porque la búsqueda no da resultados, sino porque se quedan sin nadie que los mantenga. “De lo poco que sacaba, mi hijo me daba para la comidita, ahora me quedo sin nada y a mi edad”, dice Guayllas, de 53 años.

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Desde el día de la tragedia, Segundo Cisneros también pasa en el sitio. Él sobrevivió al alud. Cinco minutos antes había salido del sector donde los mineros revisaban unos canales de recolección de material pétreo para extraer oro. Escuchó el estruendo y vio el desastre.

Cisneros no solo siente el tormento de haber perdido a sus amigos, sino que se lamenta porque se quedó sin trabajo, pues el deslave acabó con sus herramientas. Sobre todo, teme que se acreciente lo que él llama la persecución de las autoridades a los mineros informales.

Reclama porque, pese a que se hizo un censo en el 2010, hasta la fecha no se los legaliza.

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“A nosotros nos llaman informales porque estamos dentro de una concesión, pero somos censados en este lugar, por eso tenemos la potestad de trabajar y hablar con cualquiera. Eso de la legalización ha demorado y por eso arriesgamos la vida”, menciona el sobreviviente.

Se refiere al proceso de legalización de los mineros artesanales definido en la Ley de Minería vigente desde el 2009. En el 2010 se desarrolló un censo y en el 2012 se publicó el Acuerdo Ministerial 330, que establece los parámetros para legalizar, otorgar áreas y permisos de explotación en favor de los mineros artesanales asentados en áreas concesionadas.

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El sector de la avalancha de Piedras Blancas es parte del área La Pangui-Congüime, al noreste del cantón Paquisha, y está concesionada por el Estado a la empresa Condormining Corporation, con capitales extranjeros. Dentro de esa área hay decenas de las llamadas labores mineras, túneles e instalaciones de personas o grupos de mineros. También en la orilla de las quebradas extraen material pétreo para obtener el metal precioso.

Cisneros reclama porque el Ministerio de Recursos no Renovables y la compañía no han concluido la regularización. Insiste en que son perseguidos, pese a que llevan décadas trabajando allí. Él pertenece a la Asociación Minera Piedras Blancas y La Pangui, que agrupa alrededor de 180 socios. “En este sector de la cordillera del Cóndor habemos, al menos, unas 2.000 personas dedicadas a la minería artesanal. No somos ilegales”, reitera.

Esta zona es selvática y agreste, y está ubicada entre cerros y quebradas. Allí, como suspendidos en las peñas, se aprecian galpones usados como centros de operación minera. El material pétreo se lava, para separar el metal, en rústicos aparatos llamados chanchas amalgamadoras, instalados en las mismas minas o en asentamientos cercanos como La Punta, conformado por un centenar de casas de madera y donde hay tiendas, comedores, locales de ropa y de compra de oro.

“Todos compartimos el gramo de oro. Todos nos beneficiamos y solo buscamos sobrevivir. No pedimos nada al Estado, solo que legalice y nos deje trabajar”, afirma Manuel Ullaguari, dueño de una amalgamadora. Esta consta de un motor a diésel que con unas bandas mueve dos tambores o chanchas donde se revuelve el material. Por esa labor cobra un dólar la hora.

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“Es poco lo que se gana, aquí no hay riquezas, solo se busca sobrevivir”, dice. Un minero puede obtener un gramo diario o dos a la semana, “todo depende de la suerte”. En La Punta, el comprador de oro paga $ 28 por cada gramo; en Zamora o Loja puede valer $ 32.

Hay cientos que laboran como jornaleros y obtienen un sueldo de $ 400 al mes por ingresar a los túneles durante ocho horas, excavar con picos o cargar los sacos de material. Los socios de la mina ganan más; eso se refleja porque ellos viven fuera y llegan en carros 4x4 de $ 40 mil como mínimo.

“Pero la mayoría solo buscamos algo para comer”, dice otro minero, que pese a ser dirigente se niega a dar su nombre, pues asegura estar cansado de que les ofrezcan legalización.

El asambleísta por Zamora Chinchipe Kléver Jiménez (Pachakutik) reclama: “El problema no solo es de Zamora, hay muertos en Ponce Enríquez (Azuay), muertos por la minería en Esmeraldas y el Gobierno no ha hecho nada... Debe regularizarse a los mineros artesanales y darles un área de trabajo, porque en algunos casos se les dio una credencial, pero no un lugar de trabajo. Hasta ahora lo que se ha hecho es perseguirlos como a delincuentes y no se los ha apoyado”, dice.

Similar reclamo hace el prefecto de esa provincia, Salvador Quishpe, mientras el viceprefecto, Alonso Cueva, señala que ya han definido en la provincia dónde explotar la minería.