Es sábado. Decenas de salasacas copan el salón de actos de la sede del pueblo Salasaca, en la parroquia del mismo nombre en el cantón Pelileo (Tungurahua). Ellas, vestidas con ponchos, anacos y sombreros con tocados, dan forma a los hilares de lana de borrego; otros esperan el inicio de la reunión que los convocaba.

Al fondo, sobre una tarima, uno de los dirigentes inicia en quichua la Asamblea, mientras algunos de los presentes de la tercera edad se retiran el sombrero y con la mirada al piso inician el juramento de rigor. Los más jóvenes solo se ponen de pie para aprobar la elección de la directiva.

El mitin se da por un tema vital y, en la cosmovisión indígena, un derecho colectivo: el uso del recurso agua y la ley planteada para regularlo.

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Se trata de una de las reuniones de la consulta prelegislativa organizada a propósito del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (Ley de Aguas) que se tramita en la Asamblea Nacional.

Este proceso entra a su cuarta y última etapa, luego de que el 1 de abril pasado culminó el plazo para que las organizaciones inscritas entreguen los formularios con sus propuestas.

Según la Unidad de Participación Ciudadana de la Asamblea, de un total de 1.745 organizaciones inscritas, unas 1.300 retiraron el material para iniciar el debate y solo 808 entregaron los formularios hasta el 1 de abril pasado, fecha límite para terminar la etapa de deliberación en las comunidades.

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Pero miembros de algunas de las organizaciones participantes tienen reparos en torno a este proceso. Dicen que si bien están ejerciendo el derecho a ser consultados en caso de que alguna medida legislativa afecte sus derechos colectivos, como lo determina el numeral 17 del artículo 57 de la Constitución, cuestionan las limitaciones de tiempo (20 días para la realización de la consulta) y el cerco establecido en torno a los temas para el debate.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinó que esta consulta debía darse en torno a cinco ejes denominados temas sustantivos, definidos previamente por la Comisión de Soberanía Alimentaria (CSA) que trata el proyecto de la Ley de Aguas: las tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados; gestión y manejo ancestral; uso, usufructo y administración; derecho propio y consuetudinario; y participación y representación en los organismos oficiales.

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El asambleísta Pedro de la Cruz (PAIS), miembro de la CSA, afirma que los cinco puntos se definieron considerando que solo 7 de los 21 derechos colectivos que constan en el artículo 57 de la Carta Magna podían ser afectados por la Ley de Aguas.

El procedimiento y la definición de los temas se dio según lo dispuesto en la sentencia 001-10-SIN-CC de la Corte Constitucional (CC), emitida en marzo del 2010. Allí la CC determinó que este proceso de consulta estaba dirigido única y exclusivamente a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que puedan verse afectados en sus derechos colectivos, de manera práctica y real, por efectos de la aplicación de una ley. Ordenaba, además, que la Asamblea debía identificar los temas sustantivos a ser consultados.

Gerónimo Yantalema, miembro de esta Comisión en representación de Pachakutik, asegura que el CAL no tomó en cuenta la propuesta de los asambleístas de minoría, que incluía un desglose de aristas secundarias para facilitar el debate de los temas principales.

No obstante, en los debates en comunidades de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Carchi y Cotopaxi, cinco de las provincias donde se concentra el mayor número de las seis mil juntas de agua para consumo y riego que hay en el país, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), han surgido problemáticas que trascienden los cinco ejes impuestos por el Legislativo.

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Propuestas concretas, como la revisión de las concesiones que han generado conflictos en las comunidades, la asignación de un presupuesto fijo para la readecuación de sistemas de agua y que la administración quede en manos del actual sistema comunitario, se han incluido en los formularios y actas entregadas.

“En nuestras actas planteamos la creación de un Fondo Nacional del Agua y de un Consejo Plurinacional e Intercultural para que el recurso no sea manejado por una única autoridad, como está planteado para el segundo debate de la ley”, refiere Carmen Tiupul, coordinadora del movimiento indígena de Chimborazo.

Otro cuestionamiento al proceso se centra en que solo existe la obligación de incorporar los consensos en el articulado del proyecto de ley, según el artículo 20 del instructivo para la aplicación de la consulta prelegislativa. El problema, agrega Taipul, es que se ha dejado en claro que esta consulta no tiene el carácter de vinculante.

“Si no van a acoger los nudos críticos, ¿qué vamos a sacar como respuesta? La Asamblea nos habría tomado el pelo, por eso exigimos que las propuestas sean vistas como una sentencia de los pueblos”, cuestiona Carlos Ugsiña, presidente de la Junta de Usuarios del Sistema de Riego Río Blanco Quimiag de Riobamba.

Los materiales distribuidos por la Asamblea también son objeto de críticas. Están escritos en español, sin el uso de los idiomas ancestrales de las nacionalidades indígenas, concuerdan los dirigentes de la Conaie. También cuestionan el que haya límites de espacio en los formularios.

En las actas se han planteado otros problemas, como la reducción de los caudales que se distribuyen a las comunidades. Ugsiña cuenta que el sistema que administra recibía hace veinte años un caudal de 2.000 mil litros de agua por segundo. Ahora reciben entre 600 a 800 litros por segundo.

En Azuay tienen propuestas propias, como la prohibición de actividades mineras en fuentes de agua, dice el dirigente Carlos Pérez Guartambel.

Los dirigentes de la Amazonía y la Costa también se quejan del poco tiempo para realizar las consultas, tomando en cuenta el aislamiento de algunas comunidades de provincias como Esmeraldas y Pastaza.

Mientras que el asambleísta De la Cruz califica a la consulta prelegislativa como de “buena fe”, pero hace una aclaración: algunos temas podrían acogerse en la Comisión, otros no.

“Hay que decirle la verdad a la gente, no hay que mentirle que todos los temas sustantivos se van a aceptar. Uno o dos temas podrían aceptarse en la Comisión, en el marco del debate. El dictamen de la Corte Constitucional, el instructivo dice que los consensos entre el consultante y el consultado serán recogidos como articulados”, dice De la Cruz.