Delegados del Ministerio de Justicia no localizan aún el sitio donde un grupo de indígenas huaoranis habrían incendiado una choza de tribus tagaeri taromenane (no contactada).

El ataque se habría suscitado el pasado 29 de marzo en los sectores Dicaro y Yarentaro, en la provincia amazónica de Orellana, y dejado varios fallecidos. Dos niñas de las tribus no contactadas, de entre 3 y 6 años, están a cargo de la dirigencia huaorani de Yarentaro y ya fueron inmunizadas por el Ministerio de Salud, según una fuente del Ministerio de Justicia.

Desde el pasado martes que se difundió el hecho, autoridades realizan sobrevuelos por la zona, pero hasta ayer que el helicóptero de Aeropolicial hizo dos sobrevuelos desde el bloque petrolero N. 16 de Repsol no halló rastros de la choza.

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Mientras, en Quito, el Ministerio de Justicia anunció que esperará el informe del equipo técnico que se trasladó a Orellana para pronunciarse. Esta comisión especial la integran la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Policía, la Secretaría de los Pueblos y la Gobernación de Orellana. Su informe debe contener testimonios de las comunidades y pruebas del ataque.

La única información oficial es la de la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia donde se señala que personal del Plan de Medidas Cautelares del Ministerio sobrevuela Orellana para identificar el lugar del siniestro e iniciar las investigaciones.

En tanto, en Puyo (Pastaza), la dirigencia de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, representada por Jaime Vargas, se solidarizó con los huaoranis y culpó de lo que habría ocurrido a la intervención del Estado a través de la actividad petrolera. “No queremos guerra entre hermanos”, dijo y pidió la intervención de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

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Eduardo Pichilingue, del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador, dijo que lo sucedido debe entenderse como una declaración de guerra entre ambos pueblos indígenas. “Esto es un hecho de guerra, no se puede llamar de ninguna manera asesinato”, explicó.

A través de un comunicado, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) lanzó una alerta sobre el hecho y pidió respuestas responsables y comprometidas que pongan por encima la vida de los afectados. Considera que esta posible matanza responde a lo acontecido el 5 de marzo en Yarentaro, cuando, al parecer, un grupo de taromenanes terminó con la vida los esposos huaoranis Ompore Omeway, de 70 años, y Buganei Cayga, de 64.

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Según CDES, huaoranis y aislados son víctimas del abandono histórico del Estado y de un conflicto interno cuyas raíces se asientan y se nutren de las presiones externas.

Apuntes: Conflicto
Cinco posibles soluciones

El CDES y el Observatorio de Derechos Colectivos plantean la desaparición de los generadores de energía de las petroleras y su sustitución por cableado; la reubicación a una distancia adecuada del territorio de los aislados; establecer una moratoria de entrega de licencias para nuevas actividades petroleras, tala de bosques, u obras de infraestructura; detener la titulación de propiedades de tierras en zonas de influencias de indígenas aislados; y que el Gobierno mejore condiciones de vida de la población local.