Miércoles 27 de marzo del 2013 Política

Instrucción fiscal a 87 militares y policías por toma de base en el 2010

QUITO

QUITO. Miembros de la Policía montaron guardia afuera de los juzgados de Garantías Penales, donde se desarrolló la audiencia contra implicados en hechos del 30 de septiembre del 2010.

QUITO. Miembros de la Policía montaron guardia afuera de los juzgados de Garantías Penales, donde se desarrolló la audiencia contra implicados en hechos del 30 de septiembre del 2010.

Tras dos años y medio de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010, la Fiscalía formuló cargos en contra de 87 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y de la Policía Nacional por el presunto delito de sabotaje y terrorismo, por la toma de la Base Aérea Mariscal Sucre ocurrida ese día.

El juez 14º de Garantías Penales de Pichincha, David Jacho, determinó el inicio de la instrucción fiscal y como medida cautelar dispuso la prohibición de salida del país de todos los procesados.

De esa manera, el juez acogió el pedido del fiscal que investigó el caso, Iván Ron, durante la audiencia de formulación de cargos que se instaló ayer y que se realizó en forma reservada.

El delito que se investigó fue sabotaje a servicios públicos, que consta dentro de los actos contra la seguridad del Estado y que es sancionado con una pena de 8 a 12 años de reclusión.

En total 532 personas, entre policías, militares y bomberos, rindieron versiones hasta octubre pasado, cuando la Fiscalía anunció que las investigaciones estaban por concluir.

Al inicio de este caso, el 18 de octubre del 2010, se identificó pericialmente a 84 presuntos responsables, entre estos: 53 de la FAE, 17 policías activos y 14 en servicio pasivo.

La causa avanzó tras las quejas de la Fiscalía, que exigía a las autoridades del Ministerio de Gobierno la nómina de los militares que participaron en los disturbios de la Base Aérea.

Durante la audiencia de ayer, la Fiscalía argumentó que los hechos del 30 de septiembre que se desarrollaron en Quito y en otras ciudades del país provocaron incidentes de connotación pública y de repercusión nacional e internacional.

La protesta de un grupo de policías que reclamaba por la supuesta afectación de beneficios laborales generó una insurrección de un sinnúmero de elementos, que llegaron incluso, con la participación de militares, a paralizar los servicios en el aeropuerto de Quito.

Reclamaban por reformas legales que transformarían algunas disposiciones jurídicas sobre ascensos, condecoraciones y otros.

Toma de la pista

Tras la sublevación policial, el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, había dicho que por la toma de la base y del Ministerio de Defensa no existió delito que amerite un enjuiciamiento penal, sino un proceso disciplinario interno.

Reclamo en Ministerio

Un proceso similar se inició en el 2010 en la Fiscalía, por la toma del Ministerio de Defensa, donde se identificó a 94 presuntos responsables de la paralización de servicios públicos.

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