Martes 26 de marzo del 2013 | 10:18 Migración

Afectados por hipotecas impagadas en España piden nulidad de los desahucios

PATRICIA VILLARRUEL | MADRID

MADRID. Afectados por hipotecas impagadas piden a jueces la nulidad de los desahucios. Hoy realizaron la entrega masiva de escritos para paralizar las ejecuciones hipotecarias.

MADRID. Afectados por hipotecas impagadas piden a jueces la nulidad de los desahucios. Hoy realizaron la entrega masiva de escritos para paralizar las ejecuciones hipotecarias.

Jaime Altamirano acudió esta mañana a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid esperanzado en que su procedimiento de ejecución hipotecaria se anule en breve. Como él, decenas de personas a punto de ser desahuciadas presentaron un escrito en el que solicitan la paralización de los procedimientos en virtud de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hecha pública el 14 de marzo pasado. La iniciativa abanderada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) surge en respuesta a la “inacción de los jueces, la Fiscalía y el Gobierno”, sostiene Rafael Mayoral, su asesor jurídico.

El fallo del Tribunal advierte que la normativa española en esta materia es contraria a la legislación comunitaria de protección de los consumidores puesto que impide al juez adoptar medidas cautelares como la suspensión del proceso de desalojo si detecta cláusulas abusivas en el crédito.

“El párrafo 63 de la sentencia deja claro que la norma está fuera de la ley por lo que todas las actuaciones son nulas de pleno derecho”, advierte Mayoral. Altamirano, inmigrante quiteño, divorciado, padre de dos hijos, se aferra a esta premisa para no perder el piso de 64 metros cuadrados que adquirió en 2005 con un préstamo por 160.000 euros. Hace un año que no cancela las cuotas mensuales. Hace un año que perdió su empleo.

La de hoy fue la primera entrega masiva del escrito en los Juzgados de toda España bajo los gritos de "banqueros robando y jueces ayudando" y "qué pasa, qué pasa, que nos roban la casa".

La campaña de las 130 plataformas de la PAH coincide con la polémica surgida por los métodos que utiliza la organización para presionar la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada por 1,4 millones de firmas que defiende la dación en pago retroactiva (entregar el inmueble y saldar la deuda), la paralización de todos los desahucios y los alquileres sociales de todas las viviendas vacías en poder de los bancos.

La PAH resolvió copiar de Argentina el escrache, una modalidad de activismo que consiste en señalar de forma pública a las personas que consideran responsables de su problemática. En este caso, los políticos; específicamente los diputados del Partido Popular (PP), con mayoría en el Congreso de los Diputados, de quienes esperan que voten a favor de la ILP.

Los siguen en la calle o acuden hasta sus viviendas y puestos de trabajo. Es una forma, subraya Ada Colau, su portavoz, de “interpelar a los representantes públicos” en vista de que desoyen el “clamor popular”. Para el secretario general del PP en el Paralamento, José Antonio Bermúdez de Castro, "el método de la coacción, la persecución y el insulto, incluso hasta el domicilio, es incompatible con la democracia y sólo sirve para retratar a quienes realizan esas prácticas y pierden la razón". Ocho integrantes de la formación política han sufrido en sus carnes esta práctica; cuatro de ellos han denunciado a la PAH por acoso.

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