El subempleo y la informalidad, en la agenda de temas pendientes

Son el sostén de sus hogares. Están dispuestos a trabajar más horas o desean un empleo fijo con mejores ingresos para alcanzar a cubrir las necesidades básicas de sus familias, como alimentación, servicios básicos, educación y salud.

Son jornaleros, pescadores, comerciantes informales, cocineros, conductores, artesanos y profesionales que trabajan en el sector privado o por su cuenta.

La mayoría de ellos no están afiliados al Seguro Social y no logran recaudar el dinero suficiente para evadir la pobreza. Son los subempleados (51,37%), aquellos que ganan menos del salario mínimo ($ 318), trabajan horas insuficientes y buscan otra fuente de ingresos; y los desempleados (4,14%), aquellos que aún esperan encontrar un empleo fijo.

Sumados, ambos representaron el 55,51% de la Población Económicamente Activa (PEA) en diciembre pasado, según la última encuesta nacional sobre indicadores laborales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En un recorrido que este Diario realizó por Guayaquil y Machala, dos de las ciudades con las más altas tasas de subempleo y desempleo de las cinco que el INEC presenta resultados de su encuesta nacional, se evidenció un país de desigualdades que aún enfrenta problemas de décadas pasadas como la falta de empleo de calidad o el subempleo que genera pobreza.

Falencias que deberá enfrentar el nuevo régimen del presidente Rafael Correa, quien gobierna desde enero del 2007 y se mantendrá en el poder hasta el 2017, tras ser reelegido en las elecciones del 17 de febrero.

Este Diario solicitó por escrito, el 25 de febrero pasado, una entrevista con el ministro coordinador de Producción Empleo y Competitividad, Santiago León, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

En tanto, entre los compradores de los mercados de Machala y Guayaquil persiste la costumbre de contar los centavos y establecer prioridades de las listas de víveres. Son amas de casa que van en busca de las ofertas que les permitan llevar la papa, el arroz, el pollo, la leche...

La guayaquileña Rocío Ponce dice que dejó de comprar fréjol para la menestra porque se puso caro ($ 1,10 la libra). Ahora prefiere la lenteja porque vale $ 0,60. Su esposo, Luis Bautista, de 42 años, es quien sustenta el hogar. Su sueldo mensual de $ 200 que gana como vendedor no cubre todas las necesidades. Pese a que tiene un título de ingeniero químico, no ha podido ejercer. “Manda (los currículos) por internet, lo han llamado a entrevistas, pero le dicen que por la edad ya no lo cogen o porque no pueden pagarle un sueldo según su título”.

Lo mismo ocurre en Machala, donde Andrea Rivas, de 25 años y madre soltera de dos niños, dice que el año pasado gastaba hasta $ 30 semanales en los víveres que adquiría en el mercado. Ahora, añade, son $ 60.

Los cerca de $ 350 que gana al mes por atender una farmacia se le van en pagar comida y servicios básicos. Solo en luz y agua cancela $ 50 al mes. A eso suma la pensión para la educación de su hijo. Le cobran $ 35 mensuales. No posee vivienda, por lo que vive en casa de un familiar. Ella busca un empleo adicional para aumentar sus ingresos.

El perfil de Bautista y Rivas entraría en la categoría de subempleados para el INEC, cuyas estadísticas muestran una reducción de las tasas de desempleo y subempleo desde diciembre del 2007. Para el organismo, los datos son comparables solo a partir de ese periodo porque desde entonces se implementa una nueva metodología.

Según esta nueva medición, el desempleo pasó del 5% de la PEA en diciembre del 2007 a 4,14% en diciembre del 2012. Mientras que en el mismo periodo, el subempleo pasó de 59,80% de la PEA a 51,37%.

Este cambio de metodología es cuestionado por analistas económicos. Incluso, informes sobre el mercado laboral del país de las cámaras de Industrias y de Comercio de Guayaquil coinciden en que la reducción se debe en parte a que Personas en Edad de Trabajar (PET y de 15 años y más) están siendo colocadas en la Población Económicamente Inactiva (PEI). Las cifras oficiales lo evidencian.

Según el INEC, la PEA ha pasado de 6’336.029 en diciembre del 2007 a 6’701.263 en diciembre pasado. Lo que implica que, en cinco años, 365.234 personas se integraron al mercado laboral. Sin embargo, la PET pasó de 9’309.490 en el 2007 a 10’864.147 en diciembre pasado, según el INEC. Mientras que la PEI ha tenido un crecimiento mayor y constante al pasar de 2’973.460 en diciembre del 2007 a 4’162.884 en diciembre último, lo que representa un aumento de 1’189.424 personas.

En los informes trimestrales que ha emitido la Cámara de Comercio de Guayaquil se establece que “el desempleo disminuye en gran medida porque personas en edad de trabajar no se incluyen en el mercado laboral. Esto debería ser una gran preocupación para el país, ya que personas productivas no estarían aportando”.

Para las autoridades, el cambio irregular de la PEA (en algunos trimestres ha llegado a disminuir) responde a que un porcentaje de la PET se estaría dedicando a estudiar. Pero analistas agregan que también podría darse porque algunos deciden ya no buscar empleo ante la imposibilidad de encontrarlo.

Con la metodología anterior, la PEA tuvo un ritmo de crecimiento mayor entre el 2002 y el 2006. Pasó de 3’801.339 a 4’373.435, lo que implica que 572.096 personas se integraron al mercado laboral.

La informalidad es otra marca del mercado laboral. El 44,25% de la PEA pertenecía al sector informal en diciembre pasado, según el INEC, que define a este grupo como personas que laboran por su cuenta en empresas familiares con menos de diez empleados y que no llevan registros contables o fiscales.

El desempleo y la pobreza afectan más a las zonas rurales como las de Manabí, una de las provincias con mayores tasas de desempleo junto con Esmeraldas y Santa Elena, según el censo del INEC del 2010.

Jorge Muñoz es un agricultor del sitio Buenos Aires del cantón Rocafuerte (Manabí). Él tiene dos hijos profesionales a quienes aún mantiene porque no encuentran trabajo. Su hija graduada en Ciencias de la Educación está desempleada, pese a que envía hojas de vida a Portoviejo, agrega. Su otro hijo, graduado en Marketing, se ha dedicado al comercio ambulante porque tampoco tiene empleo.

Mientras que Pedro Chávez, un jornalero del cantón Paján (Manabí), pide prestado dinero para cubrir los costos de salud de los seis miembros de su familia, pues los $ 48 semanales que gana le alcanzan solo para la comida y el alquiler de una casa de caña. “Alcanza para unas saquitas de arroz, aceite, azúcar y unas dos libritas de carne. Ahí se va la plata”, dice el campesino.

Con el dinero del Bono de Desarrollo Humano (ayuda estatal) que recibe su esposa, Petita Lucas, se cancelan los $ 20 del alquiler de la casa de caña. La familia no paga la energía que consume, según afirman, y desde diciembre pasado no tienen agua potable. Se proveen del líquido de una gasolinera de la zona. Compran ropa cuando obtienen dinero extra por sembrar maíz. El año pasado le pagaron a Chávez $ 12 por un saco de maíz. “Un pantalón vale $ 20, $ 25 o $ 30”, cuenta él. Por lo general se ponen ropa que le regalan vecinos o familiares.

Chávez tiene problemas para sustentar su hogar. El INEC aplica una metodología para medir la pobreza del país según los ingresos de sus habitantes.

Esta se calcula en relación a un valor que varía cada trimestre y que para determinarlo se toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor. El último calculado fue para la encuesta nacional de diciembre pasado, en el que se fijó como umbral de la línea de pobreza $ 76,35. Lo que implica que quienes ganaron igual o menos que aquel valor son considerados pobres. Y quienes obtuvieron menos de $ 43,03 al mes son incluidos en la extrema pobreza.

Cifras del INEC dan cuenta de que el porcentaje de pobres por ingresos disminuyó de 37,60% en diciembre del 2006 a 27,31% en diciembre pasado, lo que implica que 27 de cada 100 ecuatorianos percibían ingresos menores a $ 76,35. Mientras que la pobreza extrema alcanzó el 11,8% de la población nacional.

Pero analistas aseguran que hay un sector de los considerados no pobres, como Chávez, que apenas ha cruzado el umbral de la línea de pobreza.

Otro escollo para que las familias mejoren las condiciones en las que viven y dejen la pobreza es el reducido poder adquisitivo del salario básico unificado frente al costo de la canasta básica familiar que alcanzó $ 602,07 en febrero pasado.

Según un informe de Análisis Semanal del Grupo Spurrier, el salario mínimo promedio de 1980 tenía una capacidad adquisitiva a lo que hoy sería $ 405,31 ajustada al tipo de cambio y a la inflación. Aquel sería el mayor poder adquisitivo desde 1968, establece Análisis Semanal, de acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Ello frente a la capacidad adquisitiva del sueldo mínimo actual ($ 318), que ajustado por la inflación sería de $ 309,35. Ante las limitaciones de un salario mínimo, algunos prefieren quedarse en la informalidad y trabajan más de las 40 horas semanales del sector laboral formal para aunque sea cruzar el umbral de la línea de pobreza.

11
DE CADA CIEN
Ecuatorianos disponían en diciembre del 2012 de menos de $ 43,03 al mes para sobrevivir. Corresponden a la población en pobreza extrema.

49,1%
DE LA POBLACIÓN
Rural era considerada pobre, en diciembre del 2012, porque sus ingresos mensuales son menores al umbral de $ 76,35, según el INEC.

1’189.424
PERSONAS
Pasaron a la población económicamente inactiva, en cinco años, frente a 365.234 que integraron la población económicamente activa.

1,7
CAMAS HOSPITALARIAS
Esto hay por cada mil habitantes, aunque lo recomendable es entre 8 y 10.

36,3%
DE LOS HOGARES
Este sector accedía a la red pública de agua en las zonas rurales hasta diciembre pasado.

4
JÓVENES DE CADA 10
No logran culminar el bachillerato, entre otras razones, por la falta de colegios.

5,3%
DE VIVIENDAS
Eran casas prefabricadas (de caña o madera), según el Censo del INEC del 2010.