Lunes 11 de marzo del 2013 | 07:58 Migración

Semana crucial para desahuciados en España

PATRICIA VILLARRUEL | MADRID

El anuncio del presidente Rafael Correa de demandar a algunos bancos españoles por suscribir contratos hipotecarios con condiciones supuestamente abusivas y que han afectado al conglomerado de ecuatorianos coincide con el dictamen que el jueves pronunciará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El ente deberá determinar si el marco legal del país europeo en esta materia viola una directiva comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, lo que pudiera, incluso, forzar una modificación de las leyes hipotecaria y de enjuiciamiento civil.

De hecho, el Gobierno a través de la bancada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha frenado la tramitación del decreto relativo a desahucios así como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que defiende la dación en pago retroactiva (entregar el inmueble y saldar la deuda), la paralización de todos los desalojos y la aprobación de alquileres sociales de todas las viviendas vacías en poder de los bancos. Antes de avanzar con el debate quieren escuchar la postura del Tribunal.

Todo parece indicar que el fallo será favorable a las posturas que defienden los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) quienes han colocado en primer plano el drama de miles de familias que pierden sus viviendas. “Hay optimismo”, reconoce la ecuatoriana Aída Quinatoa, una de sus portavoces.

Sus palabras se sustentan en un primer dictamen que se hizo público en noviembre pasado. Juliane Kokott, abogada general del Tribunal, advirtió que el marco legal español no garantiza la protección de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas; por tanto, vulnera la normativa comunitaria.

El ciudadano, destaca su texto, debe “soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios". Por contra, la normativa europea exige “que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa”. Su fallo responde a una denuncia presentada por un juzgado en Barcelona que atendía el caso de Mohamed Aziz, un inmigrante marroquí desahuciado en enero de 2011. Si bien el informe no es vinculante, el Tribunal ha seguido este tipo de recomendaciones en ocho de cada diez situaciones.

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