Jueves 07 de marzo del 2013 Economía

Los municipios regularían las reformas de Ley de Inquilinato

QUITO

El proceso de devolución de la garantía, los mecanismos para fijar los valores de arrendamiento, incluido cómo superar el desfase entre el avalúo municipal y el valor real de los inmuebles, las fuentes de financiamiento de las Oficinas de Registro de Arrendamiento son algunos de los temas del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato que los municipios del país deberán regular.

Así lo explicó la mentora del proyecto aprobado el pasado 26 de febrero, la asambleísta independiente Nívea Vélez.

Entre los principales cambios que el texto introduce a la Ley de Inquilinato está que los municipios contarán con una Oficina de Registro de Arrendamiento que fijará los precios máximos de arrendamiento, registrará contratos de arrendamiento o anticresis.



Quien fue el ponente de este proyecto, el asambleísta oficialista Mauro Andino, aclara que este proyecto se dirige exclusivamente a inmuebles destinados al arriendo de vivienda, de vivienda y comercio y de vivienda y taller, y no al arriendo de oficinas para consultorios jurídicos y médicos o cualquier otro tipo de actividad, porque eso lo regula el Código Civil.

Según el proyecto, la referida oficina también custodiará la garantía entregada por el arrendatario, que será depositada en una cuenta de cada municipio en el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Vélez asegura que al asumir las nuevas competencias que les daría esta ley, son los municipios los que tienen que emitir sus propias ordenanzas según la realidad de sus cantones. Y uno de los temas que más dudas han generado y que deberán ser regulados, agrega, es el proceso de devolución de la garantía.

Carmen Aguilar, corredora de bienes raíces, considera que no está claro qué se hará con los recursos que se depositen como garantía mientras se resuelven eventuales controversias entre arrendador e inquilino. Dice que quisiera saber si los municipios se harán cargo de los daños que dejan los inquilinos cuando salen de las viviendas.

Pero Andino puntualiza que con la disposición de depositar la garantía en cuentas de los municipios en el BNF “no se pretende favorecer ni perjudicar a nadie. Simplemente evitar abusos o ilegalidades de los inquilinos o de los propietarios”.

Señala que al ser el dueño el que fija la garantía y el inmueble es devuelto en las mismas condiciones en que lo entregó, es un calvario para el inquilino recuperar ese dinero porque en ciertos casos el propietario se queda con esos recursos.

Mientras tanto, Vélez identifica otros temas que deben regularse: el rol de los inspectores de inquilinato, los parámetros que se tomarán en cuenta para fijar los precios referenciales de arrendamiento.

La asambleísta agrega que también tienen que reglamentarse las condiciones para calificar a un inmueble de arrendamiento y definirse no solo el rol de los inspectores de inquilinato, sino también una cantidad suficiente de estos funcionarios para que la inspección no se congestione.

Juicio
Daños:
Según el asambleísta Mauro Andino, si se destruye parcial o totalmente el bien alquilado el dueño puede pedir indemnización en un juicio sumarísimo que demoraría entre 30 y 60 días.

Desacuerdo: Las sentencias se pueden apelar ante la Corte Provincial.

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