El click de una grabadora suena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos de un silencio incómodo pasan y, sin mediar una palabra, la voz entrecortada de una joven emerge con temor. “Nací en Santo Domingo (de los Tsáchilas), tengo 16 años y dejé de estudiar a los doce luego de intentar suicidarme y abandonar mi casa”.

Así comienza la grabación del “testimonio urgente” tomado, el 21 de junio del 2011, por la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada Transaccional e Internacional de la Fiscalía de Pichincha, a Shyrley, nombre protegido de una adolescente, quien fue víctima durante seis meses de explotación sexual.

Su paso por centros nocturnos empezó en el cantón Santo Domingo y luego continuó en prostíbulos de Quinsaloma y Quevedo, en Los Ríos; El Carmen, en Manabí; hasta que fue ‘vendida’ por su “enamorado o marido”, como lo llamaba Shyrley a Ricardo Lefuth, uno de los líderes de la pandilla Punto 40.

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La chica habría sido “negociada” para ser llevada a Quito por otro miembro de la banda llamado Luis Alberto Guerra González, alias Capi.

Pese a que la investigación de lo que le sucedía a Shyrley inició con la denuncia por explotación sexual hecha por su madre en Santo Domingo, en abril del 2011, eso no es lo común entre los casos de trata de personas y menos en los que implican fines sexuales, dice Margarita Carranco, presidenta de la Fundación Nuestros Jóvenes.

Según Carranco, este tipo de investigaciones se inician cuando las chicas son rescatadas en operativos policiales y casi nunca parten con la detención del explotador. Además, indica, que quienes han sido sancionados –que son muy pocos, según la Fiscalía– en la mayoría de casos han sido los administradores de los locales en donde han estado las chicas, pero “no se ha llegado a las verdaderas cabezas de la red o la banda”.

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Cifras de la Fiscalía revelan que entre el 2010 y 2011 se denunciaron 199 casos por trata de personas a nivel nacional. De este total, once pasaron a instrucción fiscal y solo cinco obtuvieron sentencia condenatoria.

La mayoría de los detenidos por este delito han sido puestos en libertad, debido a que no se sustentan las pruebas, la ausencia de una acusación directa contra los apresados o la falta de tiempo que tuvo la Fiscalía para demostrar que el detenido estuvo involucrado en el delito, explica un fiscal de la Unidad Contra la Delincuencia Organizada de Pichincha.

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“Los casos no pueden judicializarse sin responsable. La trata es un delito difícil de investigar, no solo por las circunstancias de violencia que rodean al caso y hacen que desemboque en la falta de denuncia de la víctima o sus familiares, sino por la responsabilidad que se tiene de cuidar y no revictimizar a la persona durante la indagación”.

Entre enero y noviembre del 2012, la Fiscalía recibió 131 denuncias por trata de personas. Pese a que este Diario solicitó la información, no se dio a conocer cuántos de estos casos quedaron en indagación previa y cuántos pasaron a instrucción o recibieron sentencia condenatoria.

Esta impunidad refiere Diego Falconí, subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, no solo responde a una falta de apoyo de las víctimas para que la indagación avance, sino también al desconocimiento de las autoridades judiciales (policías, jueces y fiscales) para abordar este delito.

Carranco añade que visiones machistas, propias de la sociedad ecuatoriana, son las que han primado al momento de analizar los casos. “Una vez un juez indicó que las chicas no estaban siendo explotadas, sino que estaban en los prostíbulos porque les gustaba”.

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La realidad contada por Shyrley no solo hace parte de las estadísticas, sino que la inscribe también dentro de la ruta de la trata con fines de explotación sexual en el Ecuador.

Su caso se dio en el área urbana y urbano marginal del cantón Santo Domingo, zona que fue catalogada como de origen, estadía temporal y tránsito de este tipo de víctimas, según un estudio presentado en septiembre del 2012 por investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en apoyo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Soledad Coloma, una de los cuatro investigadores de Flacso que participó en el proyecto, señala que fueron ocho cantones los estudiados por diversos tipos de trata, de los cuales Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas); San Lorenzo (Esmeraldas); Ibarra (Imbabura); y Nueva Loja (Sucumbíos) eran los nombrados recurrentemente por los entrevistados como lugares de origen, destino y paso dentro de la ruta interna de explotación sexual.

En esta muestra escogida con base en información previa de la OIM se ratificó, dice la investigadora, que la trata de personas con fines de explotación sexual es la primera forma de trata en Ecuador. El problema afecta, principalmente, a ciudades como Guayaquil, Quito, Santo Domingo y otras localidades.

Le siguen la trata con fines de explotación laboral, mendicidad y servidumbre, que afecta a poblaciones indígenas del centro y norte de la Sierra, como Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura.

En menor medida se encontraron casos de reclutamiento de menores con fines delictivos (tráfico de armas, drogas, etcétera) y para ser utilizados en conflictos armados.

Según un estudio de la Defensoría del Pueblo del 2010, cerca de 6 mil casos de trata se darían en el país cada año, de los cuales el 79% tendría que ver con explotación sexual. Mientras que las víctimas principales de la trata son mujeres y niñas, aunque también se registran niños.

Cuando Shyrley recuerda que fue conquistada con falsas promesas de amor por un integrante de los Punto 40 y luego puesta a trabajar como prostituta bajo golpes y amenazas de muerte, se escucha que su respiración se agita. Luego pasan unos minutos en los que la tranquilizan los funcionarios que la entrevistan. La grabación sigue con el relato, que incluye el haber pasado por dos abortos en manos de sus dos “dueños”; y el haber tenido dos nombres falsos de mayor de edad (Maite Mishel Cevallos Cobeña y Marjorie Perlaza Zambrano).

Las cédulas de identidad fueron obtenidas en El Empalme (Guayas) y el resto de documentos con los que ejerció legalmente la prostitución, como récord policial o carné profiláctico del Ministerio de Salud, fueron tramitados con ayuda de falsificadores que hacen parte de la red de tratantes en ciudades pequeñas del interior del país.

Falconí refiere que la Organización de Naciones Unidas advierte que a nivel mundial, el papel de la corrupción oficial (Policía, migración, salud, Fiscalía, notarios) en el “delito invisible” de la trata es muy grande.

Una de las principales características del delito de trata es la movilidad, indica Coloma.

Las víctimas son llevadas de un lugar a otro para evitar que las autoridades las detecten y también para “mover la mercadería y no cansar al usuario”, apunta Shyrley.

Falconí, quien lidera desde finales del 2011 el Plan Nacional Contra la Trata, califica a Santo Domingo de los Tsáchilas como un “hub” (centro de distribución) al que llegan y del que salen las víctimas de este delito.

El diagnóstico de Flacso respalda esa afirmación. Santo Domingo aparece como sitio al que llegan víctimas de explotación sexual provenientes de Machala (El Oro), Guayaquil (Guayas), Calceta y El Carmen (ambos en Manabí), Buena Fe (Los Ríos), Ibarra (Imbabura), Quito (Pichincha), y Nueva Loja (Sucumbíos). Y del que salen básicamente hacia Esmeraldas, Manabí y Sucumbíos. En ese trayecto pasan también por ciudades intermedias.

En este tránsito se ha identificado a mujeres de origen colombiano que son ingresadas al país por la ruta Tulcán-Ibarra-Quito y que han permanecido prostituyéndose en Santo Domingo antes de pasar a ser obligadas a trabajar en night clubs de Manta o El Carmen, en la provincia de Manabí.

El comandante de la Policía de Santo Domingo de los Tsáchilas, Juan Jaramillo, afirma que el problema es complejo por lo que se iniciaron estudios para establecer el mapa georreferencial de este delito.

Él explica que si bien los casos denunciados por trata son pocos en la provincia (7, en el 2010; 24, en el 2011; y 3, en el 2012) existe un subregistro (casos que se quedan sin denunciar) que está dominado por el miedo de la víctima, el desconocimiento social sobre el tema y la naturalización del problema.

Un investigador de la Policía Judicial de Santo Domingo, quien pide la reserva de su nombre, asegura que la particular situación geográfica de la provincia, la cual mantiene cinco ejes viales por los que transitan cerca de 200 mil personas al mes, permite que los tratantes trasladen a sus víctimas. A ello se suma también la captación que han hecho estas bandas, a cambio de dinero o terror, de funcionarios de justicia, incluidos hasta policías, que filtran información de operativos o impiden que personas implicadas reciban su castigo.

Coloma explica que durante la investigación, Santo Domingo fue uno de los lugares más difíciles para la recolección de información. “La carencia de un tejido social fuerte” o la falta de una organización social sólida que esté preparada para emprender acciones de defensa en contra de este o de cualquier otro delito ha impedido un trabajo en conjunto de la sociedad civil y las instancias estatales.

Según la investigación de Flacso, no existe la evidencia de que grupos organizados se dediquen de forma exclusiva a esta actividad. Lo que se habría identificado es que son personas que por sus conexiones con prostíbulos y proxenetas llevan y traen mujeres, adolescentes, niños y niñas para ser explotados.

Para Shyrley, la pesadilla aún no ha terminado pese a que alias Capi fue declarado culpable de su explotación sexual.

En algún lugar del país y a sus 18 años, esta joven trata de reconstruir su vida junto con su hijo de seis años, según cuentan agentes que le dieron seguimiento a este caso.

La situación económica precaria de Shyrley y su alterado estado psicológico le continúan haciendo una víctima vulnerable ante personas que quieran explotarla de alguna forma, según cuenta esta fuente.

131
Denuncias por trata de personas ha registrado la Fiscalía entre enero y noviembre del año pasado. La entidad no dio información sobre cuántos de estos procesos se resolvieron.

2,51%
De los casos denunciados en la Fiscalía entre el 2010 y el 2011 recibieron sentencia condenatoria, mientras que once pasaron a instrucción fiscal de los 199 casos denunciados.

79%
De los casos de trata de personas se originan en el país para la explotación sexual de las víctimas, según un estudio del 2010 realizado por la Defensoría del Pueblo.