PATRICIA VILLARRUEL
MADRID, España.- La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó el lunes una demanda contra la normativa en materia de ejecuciones hipotecarias del país europeo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo porque condena al deudor a la indefensión.

Durante el proceso, "el afectado no puede exponer las razones de no pago al juez para que este, a su vez, las pondere antes de emitir el fallo", explica Ramiro Rivadeneira, titular del organismo. La orden de ejecución del préstamo (subasta del inmueble y posterior desahucio del propietario) se pone en marcha sin escuchar a las partes, agregó.

Es lo que le ocurrió a Luis Solórzano, ecuatoriano afincado en Madrid desde 1999 y padre de dos hijos. Su historia puede sentar un precedente. En 2005 firmó un préstamo hipotecario de 173.000 euros con Halifax (en la actualidad Lloyds Bank) por un piso de 85 metros cuadrados que pertenecía al Instituto de Vivienda de Madrid. Al ser un inmueble de origen público el valor de la tasación no podía ser superior a 53.143 euros. El precio de la compra se fijó, por tanto, en un monto 325 por ciento mayor.

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Que sus ingresos ascendieran a 700 euros mientras que las cuotas mensuales eran de 600 no supuso un inconveniente para que la entidad le concediera el crédito.

Tres años después, un accidente laboral condenó al inmigrante al desempleo. Dejó de pagar. Intentó negociar con el banco pero éste se negó a cualquier posibilidad de acuerdo.

El grupo de juristas que trabaja para el ente identificó, como principal irregularidad, la indefensión de Solórzano pero pone el acento también en las prácticas abusivas del sector financiero: información engañosa, tasaciones inverosímiles y, pese a la pérdida de la vivienda, el mantenimiento de una deuda perpetua.

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"El Tribunal tardará 60 días en otorgar el número identificativo del proceso. Posteriormente deberán transcurrir en torno a ocho meses  hasta que informe si admite a trámite la denuncia. La resolución puede tardar un par de años", explica José Ramón Antón, abogado consultor de la Defensoría.

Rivadeneira aboga porque el Gobierno español promueva en la legislación la figura de la dación en pago (con la entrega de la casa se salda la deuda) y el alquiler social. El de Solórzano no es, sin embargo, el único caso que la institución ha resuelto patrocinar. En la actualidad, reconoce el funcionario sin ahondar en detalles, existen dos más. Uno permanece a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que "haga una valoración de la necesidad de que las personas tengan un juicio justo". Y, un segundo, continúa pendiente de resolución en la justicia ordinaria.

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La Defensoría, tras la firma de un acuerdo con la Embajada, brinda asesoría jurídica al colectivo de afectados por la deudas hipotecarias. A lo largo de 2012 el número de personas atendidas alcanzó las 6.000. Rivadeneira confirma que se continuará prestando el servicio en este año "hasta que veamos que efectivamente disminuye la cantidad de usuarios".