60.000 ecuatorianos podrían estar afectados por deudas hipotecarias en España

PATRICIA VILLARRUEL
MADRID.- Luis Guerrero teme que en breve le llegue el escrito de inicio del proceso de ejecución hipotecaria. Es decir, del desahucio. Hace un año que este inmigrante nacido en Chillanes (provincia de Bolívar) dejó de abonar las cuotas del préstamo de 222.000 euros que adquirió hace siete.

Cada día llegan nuevas personas con una problemática similar a las dependencias de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee) y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Unos 30 a la primera y otros 50 a la segunda. La mayoría, ecuatorianos.

En 2009, una investigación de la Conadee ya arrojaba datos demoledores. De 200 casos analizados de inmigrantes con hipotecas, siete de cada diez estaban en mora. Hasta 2010, ocho mil familias de ecuatorianos registraron su personal historial crediticio en la organización. Su presidenta, Aída Quinatoa, se atreve a afirmar que los afectados podrían rondar, en la actualidad, los 60 mil. “Incluso llegan personas que se enteran recién de que su nombre figura como avalista de un piso. Les persigue la justicia porque el titular del inmueble dejó de pagar”.

Desde 2008, la entidad acumula testimonios similares. La visibilización de uno de los casos más flagrantes de contratación de hipotecas basura es, sin duda, uno de los hitos de esta lucha que en estos días cumple cuatro años.

Por cada hipoteca firmada por un ecuatoriano, Enrique Caño podía embolsarse más de  20.000 euros. El español, imputado por un delito de estafa, ejercía como gerente de la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI). En los años de la burbuja inmobiliaria en España, la entidad promovió un sistema de préstamos para compra de vivienda a través de avales cruzados que ha condenado a decenas de connacionales a afrontar deudas impagables. Un total de 38 familias denunciaron a Caño. Están en juego 8 millones de euros en créditos hipotecarios. Por cada uno (el monto promedio asciende a 200.000), el individuo cobraba 2.900 euros por la operación, un 5% del valor del inmueble al vendedor del piso, otro 5% al comprador y, además, en algunas ocasiones recibía una comisión por parte de la entidad bancaria. Así consta en su declaración ante el juez.

Los ecuatorianos fueron los primeros en denunciar irregularidades como esta en la contratación de estos préstamos con una mujer indígena al frente, Aída Quinatoa.

La primera manifestación se remonta al 20 de diciembre de 2008 cuando los despidos ya se habían convertido en moneda corriente y el aumento del euríbor (tipo de interés aplicado a estos créditos) incrementó el monto de las cuotas a pagar.  Esa protesta frente a la Embajada de Ecuador en Madrid puede considerarse el embrión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que recobró fuerza al calor de los movimientos 15-M y Stop Desahucios. Ese día remitieron una carta al presidente Rafael Correa acompañada de tres mil firmas informándole de la situación insostenible que afrontaban los compatriotas. Nunca recibieron respuesta. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (en ese momento en el Ejecutivo) les invitó a reunirse con el Gobernador del Banco de España y con diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Nadie les dio una solución.

Siguieron con protestas en la calle. Rafael Mayoral, abogado de la PAH, cree en la movilización colectiva. En 2012 se han logrado parar 500 desahucios pero lo cierto es que en los seis primeros meses se produjeron 57.410 desalojos forzosos. El letrado considera que esto es una violación de los Derechos Humanos: “se deja en la calle a personas que no tienen otra opción habitacional y se les condena a mantener una deuda perpetua”.

Luis Sangucho, trabajador de la construcción en paro y vicepresidente de la Conadee, acompaña a los afectados en las negociaciones con los directores de las sucursales bancarias. En un día puede llegar a entrevistarse hasta con tres. En dieciocho meses de conversaciones ha conseguido que se conceda un centenar de daciones en pago (al entregar el inmueble se salda la deuda).

La lucha se centra ahora, explica Quinatoa, en conseguir que los jueces, ante la alarma social y la ineficacia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, paralicen los procesos de ejecución hipotecaria. Los ecuatorianos han perdido el miedo a reclamar, sostiene la dirigente, “pero antes de optar por suicidarse como lo están haciendo los españoles, hacen las maletas y se van”.