Ley que aumenta el bono de desarrollo se aprobó con cambios mínimos


QUITO.- Un mes de debate no fue suficiente para que la Asamblea Nacional realice cambios profundos a la ley con la que el régimen financiará parte del incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de 35 a 50 dólares mensuales.

A pesar de que la Comisión de lo Económico recibió observaciones de sectores políticos, financieros, empresariales, entre otros, el espíritu del texto remitido por el Ejecutivo se mantuvo y las modificaciones fueron direccionadas para aclarar posibles malas interpretaciones a las disposiciones.

En ese marco, no se tocaron artículos como la eliminación del beneficio de la reducción del 10% al Impuesto a la Renta (IR) para los bancos; la reforma a la fórmula de cálculo del anticipo de los bancos y de las sociedades financieras, que sería al 3% de sus ingresos gravados; la aplicación del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios financieros de las entidades bancarias; la obligatoriedad de remitir información de las instituciones del sistema financiero directamente al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Los cambios, en tanto, se enfocaron en darle otro nombre a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social y en disposiciones relacionadas con el sigilo bancario y la garantía para que el costo de estas reformas la asuman los clientes.

En el primer escenario, se incluyó en el artículo 1, literal f, del proyecto, dos incisos en los que se establece que el mal uso, uso indebido o no autorizado de la información entregada al SRI por parte de sus funcionarios será sancionado de conformidad con la normativa vigente.

“La información bancaria sometida a sigilo o sujeta a reserva, obtenida por el SRI bajo este procedimiento, tendrá el carácter de reservada de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno únicamente y de manera exclusiva podrá ser utilizada en el ejercicio de sus facultades legales...”, dice el texto.

Además, se incluyó una transitoria que prohíbe a las instituciones financieras trasladar las cargas tributarias, determinadas en esta ley, a sus clientes y usuarios, caso contrario la Superintendencia de Bancos emitirá sanciones.

Al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el proyecto, se le impone el fortalecimiento de sus acciones en las zonas de frontera y región Amazónica, garantizando el acceso al Bono de Desarrollo Humano a las personas mayores de 65 años y a las más pobres.

Para el oficialismo, la aprobación del proyecto fue recibida con satisfacción. La asambleísta Rosana Alvarado (AP) manifestó que espera que la prensa resalte los beneficios de este texto, porque, a su juicio, en las provincias este proyecto fue minimizado.

En cambio, según César Rodríguez (antes de AP) esta ley no va a redistribuir la riqueza y tampoco se va a beneficiar al desarrollo de los sectores más pobres. Al contrario, la calificó como una maniobra para conseguir votos en las elecciones del 17 de febrero del 2013.

Detalles: Reacciones
La ley va rumbo al Gobierno
El proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social fue aprobado el martes con 79 votos; el texto irá al Ejecutivo para su sanción.

Demanda de los banqueros
César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, dijo a TC Televisión que ese organismo planteará una demanda de inconstitucionalidad de ese nuevo cuerpo legal.