España acelera plan para frenar los desahucios

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo que se propone instrumentar rápidamente reformas para evitar los desalojos por incumplimiento de pagos hipotecarios después de que una mujer se suicidó cuando la policía llegaba para echarla de su departamento.

La muerte de Amaia Egaña, de 53 años, quien se arrojó de su balcón cuando llegaron los agentes el pasado viernes, causó indignación en el país.

Rajoy dijo que la legislación actual permite “situaciones inhumanas” a medida que las personas que no pueden cumplir con sus pagos son desalojadas de su vivienda cuando todavía están agobiadas por el resto de la deuda de su hipoteca.

El jefe de gobierno español refirió que desea “una suspensión temporal de los desalojos” mientras introduce un código que permita renegociaciones de la deuda o en su defecto un acuerdo que abra la posibilidad de que los deudores de las hipotecas permanezcan en sus viviendas durante más tiempo.

“Espero que paralicemos el lunes (mañana) los casos de familias más vulnerables”, agregó Mariano Rajoy.

El Partido Socialista Español también anunció que mañana iniciará una negociación de ‘urgencia’ con el gobierno para cambiar la normativa que regula los desahucios, tras las “situaciones dramáticas” ocurridas en los últimos meses.

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general de los socialistas, refirió que va a proponer que la nueva ley se aplique no solo a las futuras hipotecas y las ya firmadas -como había sostenido hasta ahora- sino también a “las hipotecas que están en ejecución”, según publicó ayer el diario español El País.

Según el líder socialista, el objetivo es “que nadie se quede sin casa por no poder pagar”, estableciendo mecanismos que permitan a las familias quedarse en su piso pagando un alquiler barato, por ejemplo.

La conmoción que causó el segundo suicidio por el caso de las hipotecas tuvo efectos también en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al lograr que Bankia aplace temporalmente todos los desahucios pendientes en esta localidad tras retirar 1,9 millones de dólares de la entidad como forma de protesta, según El País.

La medida ayudó a poner fin a una huelga de hambre que inició hace cinco días la venezolana Carmen Omaña, quien había sido desahuciada de su vivienda un mes antes. Una situación que la viven cientos de miles de afectados por las hipotecas, entre los que están miles de inmigrantes.