Jéssica está indignada; Clemente, inconforme; y Lorena, preocupada. Los tres son padres de familia o representantes. Tienen a sus niños en escuelas rurales y, aunque habitan en recintos diferentes, ellos comparten la misma aspiración: una mínima calidad educativa.

Por eso a Jéssica le indigna que su hijo de 4 años no pueda usar los baños de la escuela fiscal donde estudia en Piñal de Arriba, del cantón Santa Lucía (Guayas), porque están dañados y pestilentes. “No se respetan los derechos de los niños cuando les dicen que vayan al montecito a hacer sus necesidades”, afirma.

La inconformidad de Clemente, del recinto Los Corazones de Abajo, del cantón Pedro Carbo (Guayas), es porque la escuela en la que estudiaron sus hijos y ahora sus nietos sigue igual: sin tecnología, con mobiliario deteriorado y sin la enseñanza de Inglés o Computación. En cambio a Lorena, de la zona rural del cantón Rioverde, en Esmeraldas, le preocupa que su hijo no pueda ir al colegio por el bajo nivel de preparación. “No se puede comparar la educación de la zona rural con la urbana”.

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El informe “Completar la escuela. Un derecho para crecer, un deber para compartir”, difundido en agosto pasado por la Unicef y la Unesco, señala que las brechas de escolarización entre las zonas urbana y rural todavía existen en América Latina y el Caribe. “Históricamente, los diferentes intentos de planificación social y económica, así como las reformas educacionales, se han preocupado fundamentalmente por el desarrollo de las zonas urbanas, relegando las rurales a un segundo plano”, según este documento.

La falta de infraestructura, la ausencia de equipamiento informático y audiovisual, el acceso limitado a la actualización docente y la poca preparación de algunos maestros en computación, inglés o en lenguas ancestrales, estos últimos en los centros interculturales bilingües, se evidenciaron en la mayoría de los 22 planteles fiscales rurales visitados por este Diario en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua, Esmeraldas, Manabí y Cotopaxi, provincias que, según el Censo de Población y Vivienda 2010, registran tasas de analfabetismo de entre el 5,0% y el 13,6%.

Datos del Ministerio de Educación señalan que el 29,6% del presupuesto va a la zona rural del país, donde se ubica el 27,9% (839.909) del total de estudiantes (3’010.427).

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El estudio de Unicef y la Unesco, que contiene el análisis regional de 31 países y que apunta a identificar el fenómeno del rezago escolar y a definir estrategias, señala que 22,1 millones de niños y adolescentes no están en la escuela o corren el riesgo grave de abandonarla.

La inversión estatal en el sistema educativo, la reforma curricular y la situación de los docentes interesaron al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, quien llegó invitado por el Gobierno. Del 10 al 17 de septiembre pasado se entrevistó con autoridades gubernamentales y representantes de maestros. Visitó centros de Guayaquil, Quito y de la zona rural de Cayambe. En junio del 2013 presentará su informe, con recomendaciones, sobre Ecuador. Aunque, al término de su misión, el experto identificó como avances la Constitución del 2008 y la reforma a la Ley de Educación, la gratuidad y el aumento del presupuesto. Pero también mencionó que aún hay una deficiente infraestructura, baja calidad en la educación y disparidades en el acceso de indígenas y afroecuatorianos.

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Por ello, una de las recomendaciones fue mejorar las escuelas localizadas en las zonas rurales y urbano marginales que atienden a estas etnias.

El Ministerio de Educación destaca en la zona rural la inversión en las Unidades del Milenio, la entrega de uniformes, textos y desayuno, y convenios con 27 municipios para obras en zonas rurales y urbanas.

En capacitación docente destaca el Sistema Integral de Desarrollo Profesional (SíProfe), que ya no permite que el profesor se registre en los cursos de actualización curricular en una provincia diferente a la que pertenece su plantel, para evitar gastos de viajes. En la zona rural es el maestro quien se inscribe, pero los cupos son limitados.

Yolanda y Jenny son profesoras unidocentes. La primera trabaja en el recinto La Chacra, de Lomas de Sargentillo (Guayas). La segunda, en el recinto San Fernando, del cantón Pangua (Cotopaxi). Ambas coinciden en haber seguido, luego de intentar por varias ocasiones registrarse en la página web del Ministerio de Educación, cursos de Matemáticas, Desarrollo del Pensamiento o Ciencias Naturales.

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Pero no todo este conocimiento se puede aplicar en las aulas unidocentes (un maestro para siete grados) y pluridocentes (al menos dos maestras para los siete grados). ¿Por qué? La falta de equipos informáticos, recursos audiovisuales y el sistema de educación simultánea (enseñanza por áreas a alumnos de diversos cursos) no les permiten llegar a todos los niños.

“¿Cómo hago con los 400 dólares que me dan de presupuesto para comprar un televisor o un DVD para proyectar una película o un documental para enseñarles a los niños? No puedo”, comenta una de ellas, que prefiere la reserva y que tiene a cargo a 26 niños de cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica.

Otra profesora habla de la enseñanza de Ciencias Naturales. “Como estoy en el campo les enseño las clases de hojas y de plantas. Claro que está el objeto ahí, pero cómo observan las esporas si no tenemos ni siquiera un microscopio”, cuenta.

Otros maestros señalan dificultades en el desarrollo de destrezas para la investigación. En los libros del Ministerio de Educación constan enlaces de páginas web para que el alumno investigue, pero no puede hacerlo porque no tiene acceso a este recurso en el lugar donde estudia, reside o por falta de dinero.

Hay otras visiones, como la de la maestra Luz Valencia, de la escuela Salomón Ortiz del recinto Tacusa, de la parroquia Camarones (Esmeraldas), que destaca como un aspecto positivo de la reforma curricular el enseñar al alumno a que haga su propio análisis de conceptos.

En el grupo de establecimientos visitados se observó pobreza y escaso alumnado. Entre los factores que identifican varios de los maestros consultados están la migración de los jóvenes a ciudades grandes y la decisión de algunas familias de tener pocos hijos. Unas escuelas tienen una computadora, pero no se la utiliza porque no hay recursos para instalarla, no tienen energía o está dañada como ocurre en varios centros rurales de Lomas de Sargentillo y de Pedro Carbo (Guayas).

En algunas cabeceras parroquiales la situación es distinta. La intervención del Gobierno sí llega y hay mayor población estudiantil. Por ejemplo, en la unidad educativa Belisario Quevedo, en la parroquia rural Julcuy, del cantón Jipijapa (Manabí), ya cuentan con mobiliario nuevo para la sala de Informática y esta semana esperaban las computadoras. Esto tras un convenio entre los ministerios de Telecomunicaciones y de Educación.

Los 196 estudiantes son de 10 comunidades aledañas como Carrizal, Guarango, Soledad, Pepa de Uso y otras, donde hay familias pobres. Cuentan con trece maestros: once por contrato y dos con nombramiento. Les están edificando un bloque de aulas y el cerramiento. Los maestros Yilly Posligua y Juan Tigua comentan que la planta docente, por mutuo acuerdo, desembolsa $ 40 mensuales para el expreso de sus alumnos. Así logran que vayan los chicos.

En la unidad educativa Ecuador, de la parroquia rural Montalvo, del cantón Rioverde (Esmeraldas), es otra la necesidad. Los padres de familia decidieron levantar seis aulas con paredes de caña guadúa y techos de zinc en la parte posterior del plantel, para que los cien estudiantes de octavo, noveno y décimo reciban clases ya no por las tardes sino por la mañana. La problemática se da porque la mayoría proviene de recintos lejanos como Palmar, Milagro, San Vicente y La Muralla. La salida es a las 18:30, cuando el sector se vuelve peligroso.

El Ministerio de Educación, en su informe al relator, destaca el aumento del presupuesto anual (de $ 1.344,7 millones en el 2007 a $ 3.102,4 millones para el 2012) y de la tasa neta de asistencia en la educación general básica (10 grados), la entrega de textos gratuitos a 3’206.255 alumnos y la capacitación, al momento, de 110.012 docentes del país en Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.

Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), en su informe presentado al relator de la ONU señala que el Gobierno no cumple con la octava política del Plan Decenal, que consta en la Constitución, el de asignar progresivamente para la educación inicial, básica y bachillerato incrementos anuales de al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar un mínimo del 6%. Dice que a la fecha debería haber alcanzado el 5,6% o el 6%. Para este año se ha asignado $ 2.777 millones (3,5%) cuando, conforme a la Constitución, debió asignarse $ 3.939 millones (5,0%), según el Observatorio de Política Fiscal. El Ministerio de Educación señala que Finanzas le asigna el presupuesto, conforme al 0,5% del PIB estimado por el Banco Central del Ecuador (BCE), en junio de cada año, a partir del 2009.

839.909
Es el total de estudiantes registrados en planteles públicos de la zona rural del país.

27,9%
Es el porcentaje de estudiantes del país que se encuentran en el sector rural.

7,3
Es la tasa de escolaridad en el área rural, según el Censo del 2010.

29,6
Por ciento del presupuesto es lo que se destina para la zona rural.

“El informe (Unesco y Unicef) busca motivar a los gobiernos en la necesidad de invertir en educación”.
Nadia Vásquez
Unicef en Ecuador

“He seguido cursos de didáctica en Ciencias Naturales y otros, pero no todo lo aprendido se puede aplicar en la zona rural”.
Jenny Dávila
Profesora