La rehabilitación sigue ausente de los centros penitenciarios del país

Domingo 21 de octubre del 2012. En las afueras del edificio principal de la Penitenciaría del Litoral predomina un tema en las conversaciones: el asesinato de tres internos ocurrido nueve días antes. Las visitas que desde la medianoche hacen fila para entrar comentan del hecho. Se indignan. Dicen que ahora las revisarán más. En celdas y patios también hablan del caso. Sobre el antihigiénico piso del pasillo lúgubre y maloliente que lleva al pabellón Sol Naciente, donde ocurrió el ataque, huellas de sangre negruzca reflejan la senda por donde se llevaron los cadáveres. Es la huella de la violencia que ahí se vive.

Las víctimas: Eduardo Steven Calderón Almeida, alias Guarapo; Jorge Luis Álvarez Zamora, alias Karina; y Miguel Hugo Pino Martínez, alias Coffee, fueron acribilladas. La policía asegura que en poder de los presuntos agresores: Stalin Jorge Guaranda Cedillo, Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz y Richard José Párraga Anchundia, se encontraron una pistola, una alimentadora, municiones 9mm, un cuchillo y un revólver.

¿Cómo ingresaron esas armas a la cárcel?, un interno dice que “es fácil, solo hay que pagarles a los guías y otras veces a los policías”. La tarifa para el ingreso de armas y drogas depende del valor o del peso de la “merca”, como llaman a los alcaloides. Se aprovecha la oscuridad de las madrugadas, dice otro hombre que lo acompaña y que está en la cárcel por un doble crimen.

Con él coinciden otros reos, como Luis. Cuenta que en la cárcel se gana la vida “trabajando de buseta (recadero y guía de visitas)”. Cada fin de semana, él, al igual que sus compañeros de cárcel, debe reunir $ 5 para pagar la “guardia” al caporal de su pabellón. “Somos 300 aquí, son como $ 1.500 que el man se hace; y con otra gente cuida que no entren a hacer pito (problema), más de la gente que vende droga; si uno no paga la guardia, le pegan, le sacan la...”, dice.

Cinco años después de la primera declaratoria de emergencia carcelaria –junio del 2007– para la cual se destinaban $ 40 millones, la situación en centros de reclusión no mejora; incluso, según testimonios de internos recogidos por este Diario y la versión de agrupaciones que trabajan en las cárceles y en defensa de los derechos humanos, ha empeorado debido al hacinamiento y a la carencia de programas de rehabilitación.

En la Penitenciaría del Litoral, por ejemplo, los talleres de ebanistería que servían a los internos y que funcionaban en la parte posterior de la edificación hoy son bodegas donde la constructora Isaba, que levanta pabellones para nuevas celdas, guarda máquinas y equipos.

Otro taller que está inactivo es uno de metalmecánica. En el 2010, el Gobierno adquirió cinco máquinas que hasta hoy no funcionan. “Antes, al menos, podía salir al taller y trabajar. Hacía muebles. Estaba preso, pero me sentía útil. Hoy paso vago, encerrado, sin hacer nada”, reniega un preso del pabellón Unidad Productiva, que hoy ocupa una nueva edificación de las tres que se han construido. En las otras áreas están instalados los pabellones Logros y C Alto.

Un informe de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu) enviado a la Relatoría Sobre Cuestiones Penitenciarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado en el 2011, dice: “En nuestra sociedad (Ecuador), en la práctica vemos que la cárcel en lugar de rehabilitar y ser un medio para reincorporar al individuo a la sociedad, lo que hace es perfeccionar y reproducir la violencia, es una escuela del delito en donde básicamente no se brindan programas de rehabilitación social y menos de reinserción, existiendo un alto índice de reincidencia”.

Las últimas cifras presentadas por el Ministerio de Justicia refieren que habría 17.958 personas privadas de la libertad, aunque en días pasados el presidente Rafael Correa aseguró que eran cerca de 19.000; mientras que la capacidad de los centros penitenciarios sigue siendo para 10.000 reos.

El Gobierno, que con la Unidad de Gestión Transitoria de Defensoría Pública Penal liberó entre enero del 2008 y abril del 2009 a 5.829 reos, entre quienes se encontraban los que habían cumplido un año sin sentencia, resalta ahora como un logro que la población carcelaria haya crecido en los últimos años. En días pasados, Correa dijo que eso demuestra que la justicia está cambiando, porque los jueces no están dejando que caduquen los procesos penales o que los jueces declaren como contravención delitos como el asalto a mano armada.

Sin embargo, aunque no se da a conocer una cifra oficial, la reincidencia es alta. Un profesional que labora en rehabilitación social y que prefiere proteger su identidad dice que los estudios que han hecho revelan que más del 70% de exreos han vuelto a delinquir; aunque el Ministerio de Justicia, dice, maneja una cifra diferente y asegura que alcanzaría el 37%.

Elsie Monge, directora ejecutiva de la Cedhu, cree que las condiciones no han cambiado y califica la situación como “explosiva”. “Los recientes amotinamientos, las muertes en las cárceles son indicadores de que no hay mayores cambios y, por el contrario, parece ser que la política y el remedio para la delincuencia es abarrotar más las cárceles”, señala la activista.

Para ella, propuestas como el aumento de penas y la disminución de beneficiados por el 2x1 no hacen más que agravar la situación y tapar el problema de fondo que sería la falta de verdaderos planes de rehabilitación. Este criterio lo comparte Jorge Crespo Toral, director de Confraternidad Carcelaria, quien señala que pese a que Correa se mostró entusiasmado con una propuesta integral de reinserción presentada por ellos en el 2007, ahora la Confraternidad ni siquiera puede entrar a las cárceles del país para evangelizar a los reos como lo hizo durante 28 años.

Entre las medidas que tomó el Gobierno está la cancelación de decenas de guías carcelarios, la formación de otros y también el traslado; sin embargo, eso no ha sido solución, dice un exdirector de la Penitenciaría que prefiere proteger su identidad.

Con él coincide la coordinadora en Tungurahua de la Corporación Ecuatoriana de los Derechos Humanos, Geovanna Mantilla, quien hace poco visitó la cárcel de Ambato, donde en meses pasados se detuvo a dos guías nuevos que intentaron entrar droga a ese reclusorio. “Se suponía que los nuevos (guías) eran personas capacitadas y que iba a mejorar el trato, el manejo y la rehabilitación de la gente, pero no ha sido así desgraciadamente”, critica.

“Quien diga que de las cárceles de Manabí alguien sale regenerado, miente. En esos lugares, al preso le falta todo”, comenta un hombre que llega a visitar a un familiar a El Rodeo, en Portoviejo, donde –dice– solo se ve miseria y degeneración, por venta de drogas y tráfico de armas. “Los presos fuman y se agreden frente a los guías, ellos no sirven para nada”, expresa.

En la Fiscalía de Santo Domingo, en cambio, se indaga la extorsión que habría sufrido un hombre recién detenido en la cárcel Bellavista, donde cuatro internos le exigían $ 2.000 a cambio de darle “seguridad”, caso contrario lo agredían.

La peligrosidad en las cárceles es tal que incluso han cometido crímenes en sitios que son llamados de máxima seguridad. Tres casos ocurridos este año son las muertes de José Luis Arroyo Quiñónez, en enero, en La Roca de Guayaquil; de César Alfonso Flores Sarzosa, en febrero, en el penal García Moreno; y de Wálter Poveda Salazar, alias Caimán, en agosto, en Bellavista de Santo Domingo.

Incluso, desde el pasado 15 de octubre, en el sitio de internet YouTube se difunde un video supuestamente elaborado por Óscar Caranqui, recluido en La Roca por narcotráfico, en el que internos dicen que iniciaban una huelga de hambre contra el “sistema progresivo que no avanza, retrocede”. “Hoy vamos a comenzar la huelga de hambre porque el Ministerio de Justicia no nos toma en cuenta”, expresa un reo, e indica que la medida se mantendría hasta que ese Ministerio y organizaciones de derechos humanos los visiten.

Además, que Correa “dio la palabra que iba a ayudar a los presos, y no ha cumplido. Porque ahora se encuentra sentado en una silla de oro, se olvidó de nosotros”. Hasta hoy el Ministerio de Justicia, que a través de su departamento de Comunicación negó una entrevista a este Diario para tratar este tema, no se ha pronunciado. Se desconoce si la huelga prosperó.

Lo dijo el presidente: Sobre los internos
Rafael Correa
5 de enero del 2011
“Hay que actuar con firmeza y humanismo; la gente puede perder su libertad, pero jamás su dignidad. Ustedes saben que tenemos el ataque de una derecha retrógrada que quiere que la gente se pudra en las cárceles, nos han acusado hasta de ponerles a los pobres defensores”.