Ecuador rechaza sentencia del Ciadi para pagar $1.700 millones a petrolera Occidental

Resolución del Laudo emitido por Ciadi en caso Oxy

La Procuraduría General del Estado emitió una comunicación de rechazo a la decisión dictada por el Ciadi que ordena a Ecuador indemnizar a la petrolera estadounidese Occidental (OXY) con $ 1.769 millones.

"Ecuador rechaza categóricamente este laudo, en tanto la caducidad del contrato a OXY fue dictada en cumplimiento de nuestra legislación interna y el contrato vigente. El equipo de defensa del Estado está analizando el laudo con el objeto de definir las medidas que podría tomar frente a esta decisión, sin descartar, por supuesto, una posible anulación”, señala el comunicado.

"A pesar de esta decisión del Tribunal, el Estado ecuatoriano y sus instituciones ratifican su respeto al ordenamiento jurídico nacional y al derecho internacional, así como han respetado el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos”, se expresa el comunicado.

El procurador general del Estado Diego García anunció que el próximo lunes dará una respuesta a la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que condenó a Ecuador a pagar más de $ 1.700 millones a la petrolera OXY.

García dijo que son más de 400 hojas que deben estudiar.

El Ciadi, que es un organismo del Banco Mundial con sede en Washington, analizó la demanda presentada por la petrolera estadounidense alegando que Ecuador violó un tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos al declarar el 15 de mayo del 2006 (en el gobierno de Alfredo Palacio) la caducidad del contrato que permitía a la OXY extraer 100.000 barriles diarios de crudo en el bloque 15 de la Amazonía.

El gobierno de ese entonces defendió su decisión señalando que OXY vendió de manera ilegal el 40% de sus acciones a la firma Alberta Energy Corporation  (ADC) filial de la canadiense Encana en el 2000, sin la autorización del ministerio de Energía.

Según la Procuraduría, la Ley de Hidrocarburos de esa época señalaba que  la cesión de derechos sin autorización por parte del Estado ecuatoriano, así como la reincidencia en infracciones eran causal de caducidad, según su artículo 74.

La demanda de OXY se presentó ante el Ciadi el 23 de julio del 2007, para exigir al Ecuador una indemnización por $ 3.370 millones.