QUITO.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró la verificación de las firmas presentadas por las organizaciones políticas para su inscripción, sin que existan responsables y mayores evidencias de la supuesta falsificación de rúbricas.

Pese a que ese fue el principal objetivo que –según el CNE– se iba a cumplir con este proceso, en la práctica lo único que pudo hacer fue analizar las supuestas inconsistencias de los datos presentados por los partidos y movimientos.

Hasta el momento, por disposición de la Fiscalía, el organismo dio de baja las firmas de las personas que denunciaron una supuesta falsificación y remitió a ese órgano los siete millones de registros duplicados.

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El 30 de julio pasado, el CNE arrancó con la primera revisión manual: el muestreo del 10% de firmas de las once organizaciones que a esa fecha estaban inscritas y la verificación del 100% de las que estaban en trámite.

Ante las dudas que se dieron en ese procedimiento, resolvió hacer un nuevo proceso, que arrancó el 21 de agosto, en el que se revisó todos los registros entregados y se extendió hasta el 24 de septiembre el plazo para que los ya calificados presenten nuevas firmas.

Antes de ambos procesos, el presidente del organismo, Domingo Paredes, señaló que esta era una acción para transparentar la recolección de rúbricas e impedir que existan agrupaciones calificadas de manera ilegítima con firmas falsas. “Si se verifica el cometimiento de un delito por parte de directivos de organizaciones políticas para engañar al sistema electoral, al sistema político y a la democracia, esa organización será suprimida de los cuadros del CNE”, dijo el 28 de julio.

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La única tienda política de las ya inscritas que podría ser descalificada es Concertación, al no cumplir con 157.984 firmas. Pero, hasta el momento no hay indicios de que este movimiento haya falsificado rúbricas.

Para el asambleísta de ese grupo, César Montúfar, el real interés del CNE en este proceso fue acomodar el escenario electoral en función de los intereses de Rafael Correa reduciendo la dispersión electoral.

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Fundamentó su argumento en que las firmas falsificadas son las más parecidas a la original, por lo cual estas ya fueron validadas. A su juicio la demostración de este delito a la Fiscalía le podría tomar años.

Montúfar precisó que el único cambio que se realizó en la nueva verificación, en comparación con la efectuada en los meses anteriores, es que aumentaron del 40% al 60% el grado de similitud entre la firma de la base de datos del CNE con la entregada por el partido. “$ 5 millones se gastaron solo para sacar a Concertación”, dijo.

El presidente de PSP, Gilmar Gutiérrez, puntualizó que siempre se supo que las resoluciones del CNE no evidenciarían a los responsables de la falsificación de registros y que ahora se intentará ocultar este escándalo.

Para él, ahora es necesario trabajar para evitar un posible fraude en los comicios del 17 de febrero del 2013. “Lo importante es que se pudo conocer lo que realmente es el CNE, un organismo fraudulento”.

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César Rodríguez, vicepresidente del movimiento Poder Popular, cuestionó el costo de esta verificación y que no se haya logrado una sola prueba de falsificación de firmas de parte de un actor político.

Coincidió que el Consejo se evidenció como una institución dependiente del Gobierno.

En cambio, para el vicepresidente de la Asamblea y militante de AP, Juan Carlos Cassinelli, la definición de los involucrados en este delito no es de exclusiva responsabilidad del ente electoral, sino de la Fiscalía y la Contraloría, las cuales deben determinar a los culpables de la falsificación.

Defendió que el CNE lograra transparentar la inscripción de partidos y dijo que ahora hay mayor tranquilidad en el escenario político. “Nos hemos dado cuenta que existía un comercio de firmas. Encontrar ese tipo de irregularidades es importante, imaginemos que se mantenga la inscripción de agrupaciones que quisieron registrarse de manera irresponsable”.