Niñas con hijos luego de sufrir violación, en el desamparo

Durante seis años a su oficina acuden por ayuda menores que quedaron embarazadas luego de ser violadas. Ante lo dramático de las historias que enfrentan estas jóvenes, Beatriz Bordes, abogada y presidenta de la Fundación María Guare, que otorga asistencia psicológica y legal a esas adolescentes, también debe recibir terapias psicológicas por lo impactante que resulta atender estos casos que, expresa, le llegan al alma.

Una de estas menores, que reside en una zona popular en el norte de Guayaquil, sufrió la violación de casi todos sus familiares: tíos, primos y hermanos. Pese a que esta adolescente buscó refugio en su madre, esta “se hizo la desentendida” y la joven seguía padeciendo esas agresiones. Luego tuvo hijos y pareja. Cuando discutía con esta, optaba por prostituirse.

Un tratamiento psicológico prolongado y medidas que evitaron que continúen esas agresiones lograron que la joven mejore su calidad de vida.

En el hospital maternidad Enrique Sotomayor se registra un promedio diario de 80 partos (casi 30 mil al año), entre adultas y menores. De enero a julio del 2012 se reportan 15.627 casos de embarazadas de menos de 18 años.

En las estadísticas consta una menor de 13 años violada y por lo cual tuvo un hijo. Del delito su madre planteó una denuncia contra Jorge Glas Viejó, padre del ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas Espinel. Sucedió el 28 de septiembre del 2011, día en que el acusado, que era el director de la escuela donde la agredida estudiaba, no fue detenido. Esta semana, a un año de esa denuncia, el juez décimo de Garantías Penales del Guayas, Édgar Macías, dispuso abrir la instrucción fiscal y le dictó prisión preventiva.

Bordes expresa que una de las causas para el alto índice de niñas y adolescentes embarazadas se da por violaciones. En este último caso, la futura madre deberá confrontar las necesidades económicas que le representará mantener a su hijo.

Entidades del Estado ofrecen ayuda psicológica y no hay legislación que se refiera a compensaciones económicas para una menor violada.

Óscar Naranjo, secretario encargado del Juzgado Quinto de la Niñez en Guayaquil, expresa que un recurso ante el cual puede optar una afectada o sus familiares en contra del agresor podría ser la de pedir indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, este proceso resultaría traumático y ocurriría lo que se denomina una revictimización, es decir, la joven saldría perjudicada nuevamente.

Bordes comenta que a estas personas ultrajadas, si no son tratadas antes de que formen sus familias, el trauma por las violaciones sexuales les regresa y las afecta nuevamente.

Agrega que esta circunstancia es un problema que la sociedad lo ha venido ocultando a lo largo de años y considera que la atención a estas menores es un compromiso de trabajo entre el Estado y la sociedad civil.

Ante la responsabilidad de que el agresor tendría al asumir su rol como progenitor, Naranjo indica que el neonato tiene derechos iguales a los de cualquier otro. Uno de estos es recibir una pensión alimenticia. Si el agresor está detenido, serían los parientes más cercanos quienes tendrían la responsabilidad de asumir esas pensiones.

“La madre, luego del impacto producto de esa violación, solo es la representante del menor, los alimentos son para el menor. Como el menor no puede ejercer sus derechos lo hace el representante, pese a que esta haya sufrido una circunstancia traumática. En cualquier circunstancia el agresor seguirá siendo el progenitor”, destaca.

Ante una presunción de paternidad también se puede fijar una pensión, lo mismo ocurre con una embarazada, pues la ley prohíbe que se realice una prueba de ADN con el feto.

El ultraje sexual ocurre en todos los niveles económicos, dice Bordes, porque aún hay la concepción machista de que –para el agresor– la familia es de su propiedad y con ella hace lo que quiera. “Es un tema tabú que hasta la actualidad los padres no lo sabemos manejar”.

Explica que no hay una atención preferencial hacia los niños de madres que resultaron violadas. Ellos se acogen a las obligaciones que tiene el Estado para atender a todo menor, como el recibir medicina gratuita hasta los cinco años.

Ante el evento de que el agresor no pueda responsabilizarse de la manutención del niño, un juez puede disponer que los parientes consanguíneos asuman esos costos. Si en el parto nace la criatura y muere la madre, los representantes serían los abuelos maternos y ellos tendrían que pedir esa alimentación.

La madre de la menor embarazada por una violación debe ser el principal respaldo para esta adolescente y su hijo. La futura abuela es clave para que la joven no se sienta culpable de lo que le ocurre, dice Bordes.

El Estado ejecuta el Plan de Erradicación de la Violencia de Género, en el cual participan el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la fundación María Guare. Este programa incluye centros de apoyo a la mujer víctima de violencia, con grupos compuestos de una abogada, una psicóloga y una trabajadora social para prestar respaldo a las comisarías Segunda y Cuarta de la Mujer y la Familia, en Guayaquil. Desde el lunes se pidió información al Instituto del Niño y la Familia (INFA) sobre la tarea del Estado ante estos menores, sin embargo, no hubo respuesta.

Luis Coyago, jefe provincial en Guayas de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), expresa que esta entidad actúa en la investigación, prevención y capacitación sobre conductas de los adolescentes. Sin embargo, refiere que hay casos ocultos de niños que sufren maltrato.

Centros especializados en psiquiatría y psicología tienen áreas para menores que sufren ultrajes. Carlos Orellana, subdirector del Instituto de Neurocirugía (antes psiquiátrico Lorenzo Ponce), dice que esta entidad les da terapias psiquiátricas con atención ambulatoria y, de ser necesario, se lo interna.

Textuales: Sobre menores embarazadas
Beatriz Bordes
Directora Fund. María Guare
“Debería haber un reconocimiento de parte del Estado, especialmente cuando el niño o adolescente ha sido vulnerado, debe dar apoyo económico”.

Óscar Naranjo
Sec. (e) Juzgado 5º de la Niñez
“Es un lazo indeseable, es impactante decir que recibe alimentos del violador, pero es un derecho que tiene el menor producto de esa violación...”.