En días recientes se realizó en Bogotá una reunión de personalidades latinoamericanas políticas, sindicales, judiciales, académicas y de la sociedad civil para defender el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Al finalizar, suscribieron la Declaración de Bogotá, en la que manifiestan su preocupación por la “intención de limitar la capacidad y disminuir las atribuciones del organismo”, y demandan que el debate sobre el tema esté más bien dirigido “a que el SIDH sea un mecanismo fuerte y eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales, que contribuya a la protección y dignidad de quienes habitan en este continente”.

El Sistema tiene su origen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 1969 y está vigente desde 1978 cuando se lo establece formalmente. Desde entonces ha sido un recurso para los habitantes de América Latina que han sufrido violación de sus derechos por parte del Estado y que han agotado en sus países de origen los recursos legales para que se haga justicia. Cualquier debilitamiento del Sistema acentuaría la inseguridad jurídica y la indefensión en los casos que requieran un fallo justo, negado en el país de las víctimas de la violación de sus derechos. En todo caso, y como dijo uno de los integrantes de la reunión, “el SIDH debe estar diseñado a favor de las víctimas y no de los estados”.