En vigencia polémica medida contra sin papeles en España

JAIME CEVALLOS, PATRICIA VILLARRUEL
BARCELONA-MADRID.- No es uno de los colectivos más afectados, pero entre un 10% y un 15% de los ecuatorianos asentados en España perdería la tarjeta sanitaria a partir de hoy, por encontrarse de manera irregular en el país europeo, según estiman varias asociaciones de inmigrantes.

Más de 700.000 extranjeros irregulares perderán ese beneficio, según la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, una medida con la que el gobierno espera ahorrar alrededor de $ 625 millones.

El Real Decreto aprobado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy solo contempla la atención a los indocumentados en casos de emergencias y mantiene el servicio de salud a las mujeres embarazadas y a los menores de 18 años.

La población de extranjeros residentes en España es de 5’711.040 personas, pero 459.946 de ellos no tienen permiso de residencia.

En la Península viven 403.500 ecuatorianos con permiso de residencia con corte al 1 de marzo pasado. Mientras, el Instituto Nacional de Estadística contabiliza a 306.380 connacionales empadronados (con y sin papeles) en los ayuntamientos españoles.

De ahí que los dirigentes de los inmigrantes consideren difícil cuantificar el número de ecuatorianos afectados. “Calculo que será un 10%”, dice Édgar Arroba, presidente de la Asociación de Ecuatorianos en L’Hospitalet, en Barcelona.

Carlos Ordóñez, representante de otra plataforma de inmigrantes, enfatiza que la cifra no supera el 15%.

Ordóñez sostiene que la reforma es “bastante lamentable”. Mientras, Arroba asegura que los que más van a sentir los efectos de la medida son los bolivianos, comunidad con gran cantidad de indocumentados.

Médicos del Mundo apuntan a los originarios de Europa del este, subsaharianos, centroamericanos y, en menor medida, sudamericanos.

El gobierno catalán, que en un momento se mostró reacio, indicó que los extranjeros que no tienen documentos serán atendidos normalmente durante los próximos seis meses.

Sin embargo, en ese lapso, deberán acreditar un empadronamiento mínimo de tres meses para acceder a atención primaria y a especialistas en casos excepcionales. Si no tienen la tarjeta, Cataluña pasará la factura a los países de origen de los inmigrantes.

En Madrid, los perjudicados deberán abonar una cuota mensual si quieren tener cobertura sanitaria completa. En caso de los pacientes crónicos, si el tratamiento lo iniciaron antes del 31 de agosto, continuarán recibiéndolo.

La rebelión se ha instalado en el País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias que han resuelto seguir con la atención. Más de 1.731 médicos, sobre todo de Atención Primaria, pretenden acogerse a la objeción de conciencia para asistir sin distinción alguna a los pacientes.

El Ministerio de Salud de Ecuador trabaja en estos días en el borrador de un acuerdo de reciprocidad con España que garantice la atención sanitaria de aquellos ecuatorianos que puedan verse afectados por la medida y a los cerca de 11.000 españoles afincados en el país, según confirmó a este Diario la embajadora Aminta Buenaño.

La propuesta la trasladó el canciller Ricardo Patiño a su homólogo José Manuel García Margallo durante su visita a Quito a fines de julio pasado.

La exasambleísta estima que el documento pudiera estar listo en octubre.

Apenas seis países han suscrito acuerdos similares con España: Andorra, Chile, Marruecos, Túnez, Perú y Brasil.

Con la medida, el gobierno español busca garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública, aquejada de una deuda que bordea los $ 20.000 millones.

Las organizaciones de inmigrantes, integradas en la plataforma ‘Tenemos derecho a la salud sin condiciones’ convocaron hoy a marchas en varias ciudades para exigir al gobierno que retire el decreto.

Paralelamente, también entra en vigencia el aumento del IVA a servicios como energía eléctrica, gas, teléfono e internet, como otra medida de Rajoy para enfrentar la crisis.

La agencia de calificación Standard and Poors anunció ayer que rebaja la calificación crediticia a largo de plazo de Cataluña en dos escalones, desde un aprobado bajo (BBB-) al nivel de bono basura.

Mientras, la Oficina Europea de Estadísticas reveló ayer que un total de 18 millones de personas estaban desempleadas en la Eurozona en el mes de julio, con España a la cabeza, lo que constituye un nuevo récord.