Sara Gómez Cerezo frunce el ceño cuando lee la hoja que sostiene en sus manos y que informa que ella, un ama de casa que trabaja de manera independiente como cosmetóloga, está adherida al movimiento Unidos por la Democracia.

“No es justo que estén jugando con los ecuatorianos de esta forma porque encima uno tiene que venir a hacer trámites y dejar sus cosas. ¡Qué indignación todo esto!”, exclama la mujer de 42 años, una de las más de 33.700 personas que en un mes han acudido a la Delegación en Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poner una denuncia fiscal por el presunto delito de falsificación de firmas y solicitar que el registro político en el que aparecen sea anulado del sistema electoral.

“Para mí la culpa es de los partidos políticos. No hay que confiar en estos partidos que están jugando sucio, con mañosería”, recrimina Gómez, una vez que concluye la diligencia.

Publicidad

Es miércoles 22 de agosto y ella aprovecha ese día para ir a la delegación porque lo tiene libre. Pero la situación laboral de Guadalupe Almeida Guarnizo es distinta porque, según comenta, tuvo que pedir permiso con semanas de anticipación en el colegio estatal donde da clases y buscar un reemplazo.

Con desazón manifiesta que ha perdido tiempo y dinero por las “mañas” de los políticos, pues nunca buscó pertenecer al movimiento Concertación.

La docente, de 54 años, asegura que el trámite le costará cerca de $ 24, que es más de lo que ella gana al día en El Empalme, donde reside; porque pagará $ 8 por el total de las seis horas de viaje desde y hacia ese cantón, $ 6 por las carreras en taxi desde y hacia la terminal terrestre, $ 2 por las copias de sus documentos personales y $ 8 a su reemplazo.

Publicidad

“Una como empleada pública debe cuidarse de estos movimientos políticos porque han utilizado la firma mía y la han hecho falsa”, lamenta Almeida, quien responsabiliza de todo a las agrupaciones.

“Con esto más desconfianza me da de los partidos, que hasta compran firmas. Me hace pensar que algo hay, que por algo no sueltan la troncha y se valen de todo”, reflexiona la mujer.

Publicidad

La percepción de Gómez y Almeida reflejan el malestar generalizado que existe entre los ciudadanos por el escándalo de las rúbricas adulteradas, que estalló hace un mes exacto.

Dos encuestas efectuadas a raíz de estas denuncias coinciden en que la mayoría acusa a los grupos políticos y que por eso la confianza y credibilidad hacia ellos ha decrecido.

La consultora hizo la medición entre el 4 y 5 de agosto pasado en Quito y Guayaquil, una semana después de que se conociera la anomalía.

El 27 de julio, el Consejo Nacional Electoral habilitó un link para que la gente averigüe si estaba afiliada o adherida a algún colectivo político, y miles se quejaron de haber sido registradas sin su consentimiento.

Publicidad

La encuesta de Perfiles de Opinión refiere que el efecto inmediato fue el descenso en la credibilidad porque mientras el pasado 25 de junio el 6,5% de los consultados consideró creíbles a los grupos políticos, el 5 de agosto solo fue el 2,8%.

La medición de la empresa Opinión Pública Ecuador coincide con esto, pues su sondeo del 4 de agosto ubicó a los partidos y movimientos políticos como la institución ¬bajo esa categoría los concibe¬ en la que menos confía la ciudadanía.

El 30% declaró que confiaba ‘Nada’ en ellos, el 40% ‘Poco’ y el 2% ‘Mucho’.

El sondeo se hizo a 2.090 habitantes de localidades urbanas y rurales de la Costa y Sierra (no se especifica qué ciudades).

El director de la firma, Santiago Pérez, explica que esta percepción se ajusta a los niveles de confianza que los grupos políticos han tenido desde el 2009 y que están por debajo del 50% (ver gráfico horizontal).

“Es una confianza muy pobre”, concluye el experto, y deduce que por ello, ante la pregunta: ¿Le gustaría afiliarse a un partido o movimiento político?, el 66% contestó ‘No’; el 14%, ‘Sí’; el 11%, ‘No sé’, y el 9%, ‘Ya estoy afiliado’.

Pero la responsabilidad no solo recae sobre los colectivos, sino también sobre el CNE.

Opinión Pública Ecuador ubica al organismo como la segunda institución en la que menos confían los ciudadanos.

En tanto que Perfiles de Opinión determina que la credibilidad es variable, pero con tendencia a la baja, pues alcanzó el 19% en noviembre del 2011 ¬mes en que el organismo asumió¬; el 25,5% en marzo pasado; el 20,7% en junio y el 16,4% el reciente 5 de agosto.

Lo que se sabe

Azuay

La Fiscalía Distrital de esta provincia recibió hasta el pasado 22 de agosto 450 denuncias por presunta adulteración de firmas. No ha establecido cuántas son contra las organizaciones políticas nacionales y cuántas contra las locales.

“Por disposición de la Fiscalía General en cada provincia habrá un nuevo sorteo de estas causas para que se manejen a través de una Unidad de Soluciones Rápidas, y las denuncias que tengan relación con partidos nacionales se enviarán a Quito”, explicó el fiscal distrital de Azuay, Lizandro Martínez.

En tanto, en la Delegación Electoral hay 1.753 peticiones de anulación. Los colectivos que más reparos poseen son Ruptura (250), SUMA (189), el Partido Socialista (158) y Alianza PAIS (143).

Manabí

Las organizaciones con más reparos en la Delegación Electoral son Concentración de Fuerzas Populares (CFP), Movimiento Popular Democrático (MPD) y Sociedad Unida Más Acción (SUMA), según un funcionario de la institución que prefirió omitir su nombre.

La persona indicó que todavía no concluye el trabajo de clasificación de las solicitudes de anulación acorde al grupo político, pero que las antes citadas registrarían cerca de 1.600, 300 y 250, en su orden. También mencionó que el organismo había recibido 4.173 pedidos de nulidad hasta el pasado jueves.