El Gobierno español acordó hoy viernes extender por seis meses más la ayuda de 400 euros mensuales a desempleados sin subsidio y anunció, a petición de la Comisión Europea, que aplaza al próximo 31 de agosto la aprobación de la reforma financiera.

Ambos asuntos fueron abordados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros español, que tomó la decisión para aumentar la empleabilidad e insertar en el mercado de trabajo a quienes agotaron otros subsidios.

La finalidad es que "nadie que tenga apuros para vivir se quede sin la
necesaria asistencia del Estado", sostuvo ante los periodistas la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

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Además, el Ejecutivo español incrementó la cuantía de esta ayuda hasta
450 euros para aquellos desempleados que hayan agotado la prestación por
paro o el subsidio y tengan a su cargo, al menos, dos miembros de la
unidad familiar, además del cónyuge o pareja de hecho.

Por el contrario y para evitar los sobrecostes por esta prórroga al
tiempo que se garantiza la "equidad", no cobrarán los 400 euros los
parados sin cobertura que convivan con sus padres, si estos tienen
ingresos que, divididos entre todos los miembros de la familia, superan
los 481 euros mensuales (75 % del salario mínimo en España).

En cuanto a la reforma financiera, el Gobierno español accedió a la petición de "una semana más" por parte de la Comisión Europea
para estudiar la reforma del real decreto que adapta la legislación
española a las condiciones del memorando que permite a España recibir
hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca.

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Expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional mantienen hoy una reunión en Madrid, en la que
también participan representantes del Banco de España y el Ministerio de
Economía para estudiar estos cambios normativos, entre ellos la
creación de un "banco malo" que permitirá a las entidades traspasar sus
activos tóxicos.

Asimismo y hasta el momento, la norma contempla la posibilidad de
liquidar entidades inviables y elevar la solvencia de las entidades
financieras españolas antes de finalizar el año, del 8 % al 9 %.