Con la soga al cuello
Opinión internacional |
VENEZUELA
No era el momento y mucho menos la forma. Sin duda, fueron imprudentes. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, el exembajador de Quito en Asunción Julio Prado, y el excomandante de la Casa Militar paraguaya Ángel Vallovera, pecaron de incautos cuando se propusieron incitar un alzamiento militar en pleno juicio político a Fernando Lugo. No midieron el impacto que causaría entre los civiles paraguayos la desfachatez con la que los gobiernos de Venezuela y Ecuador intentaban dar un golpe de timón a favor de su aliado. Tampoco calcularon que este escándalo pondría en evidencia cuán ajenos estaban todos a la indignación que sienten los militares paraguayos frente a la injerencia de los bolivarianos.
El despiste de Maduro podría llegar a entenderse. Al fin y al cabo apareció en escena cuando el circo ya estaba montado, con Prado como comparsa, e inflado por la prepotencia que envuelve a los próceres vivos de las revoluciones. Pero el desacierto de Lugo y el general Vallovera, sea por menosprecio o por desconexión con el estamento armado, debería prevenir a los gobernantes que se cuadran frente a Hugo Chávez y abren las puertas de sus cuarteles a cambio de sabiduría militar socialista. En el caso de Paraguay, las piedras que arrastraba el río venían sonando con fuerza. En 2009 se celebró un congreso en defensa del socialismo en una unidad militar en Paraguay, a pesar de que el Estado Mayor Conjunto solicitó que no se autorizara la realización de actos políticos en instalaciones castrenses. Desde el 2008, militares venezolanos de rangos medios asisten a los cursos de estrategia y defensa que hacen los aspirantes a generales en el Instituto de Estudios Estratégicos de Paraguay, donde tienen acceso directo a información y materiales confidenciales sobre la seguridad paraguaya.
Los presidentes que se dejan seducir por el chavismo parecen no darse cuenta de que se ponen a sí mismos la soga al cuello. Desde el punto de vista militar, asumen el riesgo de exponer sus estrategias de protección de la soberanía nacional a los ojos y oídos de los efectivos venezolanos, tal como lo hacen ellos con los cubanos. Desde la perspectiva política, revelan un débil compromiso con la institucionalidad democrática al respaldar la pérdida de supremacía del poder civil sobre el militar. La estrategia es sencilla: los militares se convierten en los actores que canalizan la interacción entre el Estado y los ciudadanos, justamente el papel que les corresponde desempeñar a los partidos políticos en una democracia.
La Constitución vigente en Venezuela desde 1999 cambió la naturaleza de las relaciones civiles militares que se construyeron durante la democracia, al establecer el derecho al voto para los funcionarios activos (artículo 330), y proclamar "la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil" en la defensa de la Seguridad Nacional (artículo 326).
La incorporación de militares a las nóminas de la administración pública sirvió para justificar la expulsión de los funcionarios de carrera que no comulgaban con el proyecto revolucionario. La malversación de capital humano discurrió en dos sentidos: por una parte, se desperdició el conocimiento acumulado por el personal especializado; y por otra, se ocupó a los militares en labores que no tenían nada que ver con la formación que recibieron en las escuelas castrenses, lo cual abarcaba desde repartir bolsas de comida en mercados populares hasta gestionar la emisión de cédulas de identidad en todo el país.
En paralelo a la construcción de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana ideologizada y partidista, Chávez levantó la Milicia Nacional Bolivariana, un Ejército de civiles que responde únicamente a su mando, en teoría preparado para respaldar a los cuerpos formales de seguridad en una guerra asimétrica contra Estados Unidos. Y es aquí donde radica la principal paradoja de este modelo: coexisten dos estructuras armadas que se solapan en sus funciones y pueden acabar por competir entre ellas por más atribuciones y recursos.
Mientras Miraflores se arma con equipamiento chino y ruso, le dobla el sueldo a los oficiales anualmente, entrena civiles para pelear con marines, y cede el monopolio de la violencia a grupos armados paraestatales en barrios de Caracas y el interior del país, los venezolanos nos preguntamos por qué ningún poder del Estado logra frenar los homicidios, atracos, secuestros, ajustes de cuenta, asesinatos de policías y motines carcelarios que enlutan a nuestras familias y nos dejan a merced de la violencia y la impunidad. De los 155.000 asesinatos registrados en Venezuela durante los últimos 14 años, 140.000 no han sido procesados por tribunal alguno, y de los acusados que efectivamente son detenidos, apenas 33% ha recibido condena. El enemigo que acecha a la revolución bolivariana no es otro que su propia incapacidad para proteger a los ciudadanos e impartir justicia.