Robert Salazar
SARAYACU, Pastaza.- El sonido de los tambores llenó de júbilo al pueblo de Sarayacu el domingo pasado. En el centro de la comunidad, niños, jóvenes, hombres y mujeres indígenas, con los rostros pintados, celebraron el fallo a su favor emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado ecuatoriano a indemnizar a la comunidad con $ 1,2 millones de dólares por los daños causados en su territorio y en sus derechos humanos.

La comunidad, ubicada a 20 minutos en avioneta desde la parroquia Shell, en Pastaza, había organizado desde hace varios días esta celebración, a la que llegaron delegaciones de etnias como los shuar, záparas, boberas, así como de organizaciones indígenas como la Conaie y Ecuarunari.

Desde la noche del sábado, los comuneros pintaron sus rostros con wituk (fruto de una especie de chonta) con diseños ancestrales como serpientes, lagartijas y tigres. Ya desde la madrugada del domingo, a eso de las 03:00, empezó la entonación de los tambores, ritual que se realiza como agradecimiento a causas justas. “El tambor es el corazón de la Madre Tierra y por eso tenemos ahora esta expresión ancestral y cultural”, dijo Patricia Gualinga, dirigente de la Mujer y la Familia.

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La algarabía se sentía en todo el pueblo, formado por chozas y casas de madera. Se servía comida y la tradicional chicha. En el centro de la plaza se adecuó un camino adornado con una gigantesca bandera multicolor y hojas de palmeras. El motivo de celebración era el más grande la historia comunal.

Han pasado 10 años desde que Sarayacu entabló una demanda contra el Estado ecuatoriano por concesionar, en 1996, gran parte de su territorio a la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC), de origen argentino, para el proyecto Bloque 23, sin consultar a los habitantes de la zona.

Ya a fines del 2002 e inicios del 2003, la CGC entró al territorio y, como recuerda Gualinga, empezó una guerra. “Todo era caos. La escuelas se suspendieron, no había siembra y algunos hombres murieron por proteger nuestro territorio”, refiere. Con ese antecedente, el 19 de diciembre del 2003, Sarayacu demandó al Estado.

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En abril pasado llegaron a la comunidad delegados de la CIDH, junto con funcionarios del gobierno ecuatoriano, como el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Los primeros hicieron investigaciones para determinar el dictamen, mientras que los segundos prometieron acatar lo resuelto por el organismo internacional, señaló Marlon Santi, dirigente de la comunidad y expresidente de la Conaie.

Al final, la CIDH falló a favor de los sarayacus el pasado 27 de junio. La sentencia contempla el retiro inmediato de explosivos dispersos en el territorio, el pago de $ 1’290.000 y una disculpa pública del Estado.

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El dirigente recalcó que pese a que la comunidad no pidió en la demanda una indemnización económica, si esta fuese concedida por la Corte solo recibirán el dinero en su totalidad. “No vamos a aceptar por goteo, es decir, que un ministerio nos dé una parte y otro ministerio otra”, refirió Santi.

Dijo que con ese rubro se contempla la ejecución de un plan de desarrollo para Sarayacu, con programas de educación e implementación de una caja solidaria. Sobre la disculpa pública, Santi dijo: “Ahora debe venir hasta aquí el mismo presidente a pedirnos perdón. Nos trataron de terroristas y hasta de que no permitimos el desarrollo del país solo por no dejar que exploten nuestro territorio. Eso nos hace sentir orgullosos”.

Como parte de la fiesta, los dirigentes informaron a los comuneros la importancia del fallo. Hubo aplausos, risas, cánticos y agradecimientos a los guerreros por defender su territorio. Dijeron que no descansarán hasta que no se declare a Sarayacu libre de la explotación minera, petrolera y maderera.