Para que un inmigrante irregular reciba atención sanitaria en España podría verse abocado a pagar anualmente $ 882 si tiene hasta 65 años o 2.317 dólares si supera esa edad.

El gobierno de Mariano Rajoy ha remitido esta propuesta a las comunidades autónomas, en el marco del proyecto que pone fin a la cobertura integral de salud de la que gozaban los extranjeros indocumentados.

A partir del próximo 1 de septiembre quienes carezcan de un permiso de residencia solo podrán ser atendidos en caso de ser menores de 18 años, durante el embarazo, parto y posparto, y en las urgencias por enfermedad grave o accidente.

Publicidad

Para otras situaciones médicas, los “sin papeles”, tras probar que llevan un año empadronados en la Península, pueden voluntariamente suscribir convenios de aseguramiento (como una póliza privada).

En el caso de los inmigrantes cuyos gobiernos (como Ecuador) tienen firmados con España acuerdos bilaterales de seguridad social, la factura de la asistencia sanitaria de los nacionales indocumentados, pero asegurados en origen, la pagará su país.

España le cobrará a Ecuador o viceversa. Con las medidas restrictivas para los “sin papeles”, el Ejecutivo aspira a ahorrar 620 millones de dólares.

Publicidad

Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui (ecuatoriana), ve con “suma preocupación” que se exija una cantidad tan elevada a unas “personas que subsisten gracias a trabajos temporales que apenas les alcanzan para sobrevivir y que sufren situaciones de precariedad”.

“Se automedicarán o traerán medicamentos caseros de sus países lo que supone un grave riesgo para la salud”, añadió Paspuel. Unos 100.000 ecuatorianos serían afectados, dijo.

Publicidad

En tanto, ayer la Organización Médica Colegial defendió que todos los inmigrantes sean atendidos por la sanidad pública por motivos deontológicos (deber moral), de prevención de enfermedades y económicos, publicó la agencia Efe.

El organismo médico español teme que si se deja de atender a la población ilegal, pueden originarse problemas sanitarios por ser portadores de algún proceso infeccioso, además poner en riesgo sus vidas.