Jorge Zavala Egas: «Si no hay independencia judicial, no hay jueces, sino funcionarios»

Por María Alejandra Torres
.- El abogado, exintegrante de una comisión creada por el Gobierno, dice que la Función Judicial está sometida al Ejecutivo. Este mes publicará un boletín con un análisis de fallos durante el periodo de reestructuración judicial.

Todavía no escoge el nombre, pero ya tiene listo el borrador. Se trata de la primera edición del boletín mensual que, desde este mes, Jorge Zavala Egas publicará con sus análisis de sentencias. Un amigo le ha sugerido un título: Bestiario Judicial. Aunque comparte el espíritu, por las “bestialidades” que dice haber hallado en decenas de fallos, prefiere uno que aluda a la sumisión de los jueces al poder político. Aún no lo define. Critica el manejo de la Función Judicial durante la reestructuración impulsada por el presidente Rafael Correa en el referéndum del 7 de mayo del 2011. Cuenta que el mandatario –de quien fue profesor en una materia universitaria– le ofreció ser el primer ministro de Justicia. No aceptó, aunque antes sí había accedido a integrar la Comisión de Modernización de la Legislación Ecuatoriana, creada por el Ejecutivo en septiembre del 2007. Renunció a los tres meses –cuenta sin dar detalles– porque es imposible trabajar “cuando no se respeta a la academia”.

¿En qué momento decide publicar un análisis de sentencias?
Cuando el Ejecutivo decide, a través de la consulta popular, disfrazar su objetivo político de apropiarse de la Función Judicial, esto es, de romper la necesaria separación de los poderes Judicial y Ejecutivo. Cuando la consulta le permite, con un mínimo margen, hacer eso nombrando al Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT). Cuando el Consejo comienza, primero, con la maniobra de designar a jueces temporales en los juzgados donde estaban las causas que le interesaban al Ejecutivo y, luego, a hacer los concursos dirigidos a seleccionar a los jueces que aspira a tener el Ejecutivo.

¿Tiene pruebas concretas?
¿Qué más quiere que esto? Es una circular (muestra una copia) a todos los jueces de Pichincha, dirigida por el director del Consejo en esa provincia (Iván Escandón), en la que habla sobre las acciones de protección, aquellas que las personas naturales o jurídicas ponen para frenar los abusos del poder público, llámese Ministerio del Ambiente, Servicio de Rentas Internas (SRI), aduanas. ¿Qué hizo (Escandón) el 11 de julio? Les dice: “Señores, todas las acciones de protección a favor de las personas serán castigadas”. El mensaje es muy claro. No pueden fallar favorablemente.

Y esto, en el día a día, ¿cómo incide en el ciudadano común?
Por ejemplo, mañana el Ministerio del Ambiente decide, contra todo derecho, desalojar a personas que supuestamente están en zonas de reserva. Entran con policías, maquinarias, grúas. Las personas, que no pueden defenderse en ese momento, piden una acción de protección e impiden el acceso. Todas las vulneraciones del derecho son susceptibles de acciones de protección.

El Ejecutivo habla de abusos en el uso de esta figura, por ejemplo, en el tema de casinos.
Me puedo vanagloriar de haber sido el primero que puso una acción de protección en el tema casinos, en el 2000. Sin defender o no el juego de azar, era una actividad lícita. ¿Qué decidió el Gobierno de entonces? Combatirlos con clausuras, sin procedimientos administrativos, sin exigir requisitos. Lo que se quiere evitar son los abusos del poder público. Si esa es la política de disciplina que se sigue en Pichincha, los demás jueces del país se encuentran bajo el mismo régimen disciplinario. En todo tipo de procesos, sin la imparcialidad del juez estamos en manos de las palancas del Ejecutivo.

¿Conoce casos específicos?
¿Cómo es posible que los jueces que juzgaron a los policías del 30 de septiembre, coincidentemente, fueron premiados con ascensos y ratificaciones? Coincidentemente, los jueces que atendieron el caso de EL UNIVERSO están ascendidos o ratificados. Coincidentemente, los jueces que han rendido pleitesía al Consejo han sido ratificados y premiados. ¿Se necesitan pruebas? Para eso es el boletín.

¿Cuál es el criterio de selección de los fallos y de qué tipo son?
Vamos a demostrar la ‘injuricidad’ y el favorecimiento al poder público. Va con mi firma, y que se rebata si el fallo fue o no para favorecer al poder. Todos estos fallos van a evidenciar la sumisión de los jueces al Ejecutivo. El primero va a ser el SRI. No puedo ser un investigador de hechos, pero sí voy a analizar cómo es posible que se dicten fallos, desde el punto de vista jurídico, tan manifiestamente parcializados.

¿Cuál ha sido el denominador común en estas sentencias?
En términos generales, manipulan la ley con argumentaciones evidentemente absurdas, al extremo tal que me atrevo a decir que hasta un estudiante de Derecho puede evidenciar la manipulación. Se van a sorprender de las bestialidades, disculpen la expresión.

¿Quién lo financia?
Yo asumo absolutamente todo. Se va a distribuir gratuitamente a nivel nacional, en las sedes judiciales. Voy a aprovechar el acopio de casos para publicarlos, pero el fondo no es ese, sino la acumulación de documentos para comparecer ante la Organización de Naciones Unidas, donde voy a denunciar la captura del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, en la Comisión de Derechos Civiles y Políticos. Luego de eso, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Con qué objetivo?
Concienciar. En el boletín pongo lo mismo que dice el presidente: Prohibido olvidar. Creo que esto no se puede olvidar.

Pero la politización de la justicia no es nueva en el país. Solo en el último periodo democrático, hasta 1997, los magistrados eran elegidos por el Congreso.
Así es, pero no olvidemos que la Constitución permitía la politización de los altos funcionarios judiciales. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Eran designaciones de los poderes políticos, pero ahora hay un giro. Primero, se ofreció no hacer eso. Segundo, la Constitución de Montecristi impide hacerlo. O lo impedía. Por eso la consulta: para poder hacerlo. Fue más desfachatado. Tercero, ya no son solo los altos jueces. Ahora son todos.

Pero las constituciones que lo permitían fueron redactadas o aprobadas por los políticos.
Pero aquí se logró en la Constitución que no se pueda hacer eso. Por eso la consulta que convocó Correa fue de tal engaño a la población que lo que logró fue hacer precisamente lo que está haciendo: meter la mano a la justicia, como él mismo lo dijo. Antes era solamente en la Suprema y de ahí derivaba la influencia política hacia abajo. Ahora la Corte Nacional está politizada, pero, asimismo, ahora de forma directa, han politizado desde las cortes provinciales hacia abajo, hasta el último juez de Tránsito y de Niñez y Adolescencia. Hay una metástasis de la corrupción política en la Función Judicial.

Antes había magistrados que hasta habían estado afiliados, como Carlos Jaramillo al PSC.
Si queremos justificar el presente por lo malo del pasado, no avanzaremos jamás. Si antes era así, bueno, superémoslo. Ahora estamos repitiendo, (pero) aumentado. Esto tiene un solo nombre en cualquier país del mundo: se llama corrupción política. La peor evidencia de la corrupción política actualmente es lo que ha sucedido con el Poder Judicial... ¿De qué sirve que (el Consejo) sea transitorio, si el trabajo que nos deja es permanente? El presidente decía: “Solo estarán un tiempo”. Lo que no decía era que nos dejaban a los jueces de él de forma permanente.

¿Cuál es, entonces, la vía para mejorar la administración?
La politización no va a solucionar la demora, la ineficiencia, la vagancia, la ignorancia de los jueces. La única forma es dándole al juez la primera característica que se requiere en una república: la independencia. Si no hay independencia judicial, no hay jueces; hay funcionarios públicos vestidos con la toga de juez. Son servidores públicos, servidores del Ejecutivo. Eso es lo que hay. Por esa razón es que se diseñó, en todas las constituciones del mundo, un poder que separaba al Ejecutivo del Judicial: el Consejo de la Judicatura, no designado por poderes políticos. ¿Qué hizo Correa? Desapareció al Consejo y creó uno con tres delegados, los tres del Ejecutivo. Y esos tres son los que, a nombre del Ejecutivo, diseñan el Poder Judicial; vinculan poderes Ejecutivo y Judicial.

¿Y cuando el entonces presidente Febres-Cordero mandó a rodear la Corte para impedir el ingreso de los jueces elegidos por un Congreso opositor?
Sí, sí. Mi padre era magistrado de la Suprema y fue sacado por Febres-Cordero con los tanques. Yo lo viví, pero si Febres-Cordero fue totalitario con el Poder Judicial, Correa es cien veces más. Así que el mismo pecado, multiplicado por cien, lo está cometiendo el presidente Rafael Correa. Cuando Febres-Cordero era presidente, yo era miembro del Tribunal Constitucional. Yo fui el que desalojó a la fuerza pública de Febres-Cordero cuando allanó (en 1987) las fundaciones por los libros que imprimían. La de Cordes, que dirigía Osvaldo Hurtado. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es lo mismo que hice con Febres-Cordero, porque el presidente Correa se merece lo mismo.

Perfil: Jorge Zavala Egas
NACIMIENTO
Guayaquil, 11 de mayo de 1949.

FORMACIÓN
Doctor en Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.

FUNCIÓN PÚBLICA
Miembro del desaparecido Tribunal Constitucional; diputado en Guayas por la Izquierda Democrática (ID); presidente de la Comisión de Modernización de la Legislación Ecuatoriana.