Omar Simon: Normas deben cambiar, pues procesos han sido vulnerados

QUITO.- Omar Simon, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio, cree que son los grupos políticos los que deben responder por la falsificación de firmas para la inscripción. Defiende la adquisición del software de verificación que se adquirió en el 2010, en su administración, por alrededor de $ 40 mil, y que se estrenó con la inscripción del MPD. Asegura que gracias a ese sistema, hoy se puede conocer este suceso.

¿Qué tan fácil es adulterar las firmas?
Depende cuál sea el tipo de adulteración. Si alguien intentó imitar su firma, entonces tendrá un nivel de dificultad, porque se trata de copiar rasgos. Sin embargo, creo que se está tratando de desviar el tema, porque los verdaderos responsables son las organizaciones políticas que compraron firmas, que contrataron empresas.

Cuando presidió el Consejo, ¿conocía de estas empresas que vendían firmas?
A partir del 2010 se inició con la inscripción de organizaciones, que fueron del MPD, PRE, AP, PSP; y hasta ese momento, y nueve meses después de que salimos, no hubo ningún tipo de denuncia. Se dan ahora, a pocos días del cierre.

¿Quién debe esclarecer las irregularidades?
El Consejo Electoral deberá esclarecer cuáles son los responsables y el origen de este problema. Habrá que investigar cuál es el alcance, en qué momento se dieron, si se tiene información sobre empresas encargadas de vender estas firmas y quiénes son estas personas, cómo obtienen la información, y lo que aparentemente parece ser una red que manipula.

¿Es tan vulnerable el software que se implementó en su administración o depende de la agilidad de quien lo manipule?
Estamos en el plano de las hipótesis. Hay que revisar. Podría ser que en la parte de la verificación manual pasó otra cosa. O que nunca se verificó y alguien programó algún tipo de verificación que valide, que haga aparentar que sí se lo hizo.

El cuestionamiento que se hace es: ¿por qué no se pudo determinar en el momento de la inscripción la existencia de adhesiones o afiliaciones no reales?
Hay que investigar cuáles fueron los filtros que pasaron y en qué proceso se validaron las firmas. Desconozco si las bases de datos de electores de la consulta popular del 2011 fueron incorporadas en el sistema. Cuando armamos la base de datos para esa elección utilizamos las firmas de los padrones del 2007, 2008 y 2009, se realizó una limpieza a las imágenes... Nosotros generamos un sistema, lo que haya pasado después salió de control.

¿Qué debe verificar el CNE en ese proceso para inscribir a las organizaciones políticas?
En mi administración no determinamos la falsedad de las firmas, determinamos su validez. No observamos si la firma es adulterada, observamos si corresponde a la persona.

El hecho de que una firma no sea igual a otra no determina el cometimiento de un delito. Porque hay mucha gente que firma por compromiso y cambia algún rasgo. La diferencia de la firma no se presume en una falsificación, la mayoría de las inscripciones no pasaba del primer proceso que es el cruce de base de datos, debido a la duplicidad (ciudadanos que aparecen inscritos en una o más organizaciones políticas).

¿Cuál es el nivel de error de la aplicación de ese software?

Es difícil de calcular. Lo que se estableció como parámetro para que el sistema valide las firmas es el 40% de similitud entre lo que posee el sistema y la firma de la persona. Ello es el margen internacional aceptable, porque aunque la firma no sea exacta, es la persona la que la hizo.

¿En el proceso de revocatoria de mandato existieron quejas por la verificación de firmas?

Nunca. Hoy hay tanto actor opinando sobre este tema y estamos generando preocupación. La gente necesita que le digan qué fue lo que pasó, por qué su firma está ahí.

Ni el CNE ni la Fiscalía han podido determinarlo. Se habla de la venta de bases de datos, no se presentan documentos.
Esto se ha dicho toda la vida, pero nadie lo ha comprobado porque nadie ha investigado. Pero aquí se necesita que también las organizaciones que han dicho 'a mí se me acercaron', 'me ofrecieron' digan quiénes son.

Usted dice que la gente por el acceso al poder puede hacer cualquier cosa. ¿Cree que alguien intenta desvirtuar este proceso electoral?
Estamos llegando al final de la inscripción de organizaciones, hay personas que ambicionan el poder y no encuentran la fuerza para participar. Un acto de recolección de firmas es un hecho político que genera compromiso con sus simpatizantes, pero hay otras organizaciones que son una persona, y otras de la que la gente ni siquiera sabe quiénes son. Hay grupos que pueden activar la movilización de las personas. Otros que tienen dificultad, pero quedan unas dudas: qué pasó con el Prian, sus líderes desaparecieron pero de repente aparecieron con sus afiliaciones. La pregunta es: ¿cómo se lograron esas afiliaciones?

¿Es fácil modificar el software que ustedes adquirieron?
Todos son operados por hombres. Debe indagarse si alguien hizo modificaciones, siempre queda huella. El Consejo deberá hacer una verificación del sistema para ver si fueron fallas o alteraciones que se dieron. La otra opción es que esto puede ser un boicot de alguien para generar incertidumbre.

¿Cómo queda la imagen del Consejo tras este escándalo?
Todo dependerá de su desenlace. Pero esto convoca a revisar otro tipo de procesos, como la norma electoral (Código de la Democracia), para que determine sanciones a este tipo de eventos, porque no existe. De existir funcionarios involucrados, ellos tendrán sanción, pero las organizaciones no. Al haber sido traicionada la buena fe de las personas por las organizaciones políticas, es necesario que todas las normas y todos los procedimientos se modifiquen, porque los procesos han sido vulnerados.