Peritaje, uno de los pasos en las denuncias por violación

La ampliación de la despenalización del aborto en caso de violación ha vuelto al debate por el proyecto de Código Integral Penal.

La mujer presenta la denuncia en la Fiscalía y, con una orden, se acerca al departamento de Medicina Legal. Debe ir acompañada. El protocolo exige que alguien esté junto a ella durante la inspección y autorice el procedimiento que se va a practicar.

Tiene derecho a pedir que el examen lo efectúe una mujer, pero no siempre hay una. Se pone la bata, se recuesta sobre la camilla y se somete a las pruebas. Le toman hasta doce muestras, cuatro por cavidad: vaginal, anal y oral. Le revisan si presenta lesiones. Externas e internas. Le toman fotos. Le preguntan.

Ya habló de su agresor en la Fiscalía, pero aquí debe hacerlo de nuevo. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde y cuándo? ¿Qué cavidades fueron penetradas? ¿Parcial o totalmente? ¿Hubo prácticas inusuales? ¿Manipulaciones? ¿Usó objetos? Son algunas de las interrogantes que ¬con base en un cuestionario de seis carillas de extensión¬ el doctor plantea.

Le llaman peritaje médico y es uno de los pasos que debe seguir la mujer al presentar una denuncia por violación. ¿Pero esta evaluación puede certificar el cometimiento de un delito?

Este es uno de los aspectos que han marcado el debate sobre la posible ampliación de la despenalización del aborto para aquellos embarazos producidos tras una violación, a propósito del análisis del proyecto de Código Orgánico Penal Integral (COPI) en la Asamblea.

El Código vigente penaliza el aborto, pero contempla dos excepciones: cuando la vida de la madre corre peligro o en caso de violación a una mujer "idiota o demente". En el informe de mayoría de la Comisión de Justicia ¬que debate el pleno desde el 28 de junio pasado¬ se eliminan las palabras "idiota o demente", es decir, si se aprueba, cualquier mujer que quede embarazada por una violación tendría la opción de abortar, si así lo quiere.

Pero la ley dice una cosa y la realidad, otra. En Ecuador, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se producen unos 125 mil abortos al año. El número de denuncias por violación es inferior a esta cifra, pero ha ido en aumento en los últimos años. La cantidad de casos reportados entre el 2009 y el 2011 ha registrado un incremento de entre el 10,9% y el 13%.

Según datos de la Fiscalía General, en el 2009 se recibieron 4.204 denuncias; en el 2010, 4.664; y en el 2011, 5.273. Hasta mayo de este año se presentaron 2.182 casos. Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro concentran el 53,56% de los reportes registrados desde enero del 2009 hasta mayo pasado: 8.746 de 16.323.

Un agente de la Policía Judicial afirma que la mayoría tiene lugar en la Costa, especialmente en niñas y adolescentes. "Existe un gran porcentaje de casos no denunciados, por desconocimiento o por amenaza... Esa realidad, sumada a que muchos casos se dan en lugares alejados, como el campo, hace que la estadística no refleje el problema en su real dimensión", refiere.

¿Pero qué pasa con lo que sí se reporta a las autoridades? De las 5.273 denuncias presentadas en la Fiscalía en el 2011, 4.960 pasaron a indagación previa, 1.109 se transformaron en instrucciones fiscales y solo 660 terminaron con una sentencia: 407 condenatorias y 253 absolutorias.

Pero las estadísticas de la Dirección Nacional de la Policía Judicial son distintas. Este ente, entre enero del 2009 y junio del 2012, registró 7.378 denuncias por violación y 2.393 por tentativa de violación. Si se suman ambas cifras (9.771), existe una diferencia de 6.556 respecto de las cifras de la Fiscalía.

Según un agente de la Unidad de Estadísticas de la Policía Judicial, la información que posee esta entidad "se basa únicamente en las delegaciones recibidas" a través del sistema de la Fiscalía para investigar estos delitos.

Agentes de la Brigada de Homicidios de Pichincha explican que la verificación del delito no se registra con la pericia médica, sino durante la investigación.

"Hay personas a las que sí se les ha confirmado en el examen médico que hubo violencia de tipo sexual, pero este no es el único insumo que debemos investigar. Han existido denuncias de violación y después de unos meses se ha descubierto que el supuesto acto violento se dio con consentimiento", refiere un agente de esta dependencia.

Pero para una fiscal consultada, el sistema debe avanzar, más bien, hacia creerle a la víctima. Cuenta que, aunque el examen médico es importante, este podría perder peso porque solo el 10% denuncia inmediatamente. "Debe ser importante la prueba psicológica. Esta es la única que no se desvanece con el tiempo. No solo la tardanza hace perder pruebas. Por ejemplo, existe un alto porcentaje de mujeres que sufren dilatación vaginal. ¿Cómo probar que hubo penetración forzosa? Hay violadores que incluso usan condón. Hay que dar valor a otras pruebas que no revictimicen", señala.

Pero a la lentitud en los procesos judiciales ¬que, promedio, tardan uno o dos años, aunque puede ser más¬ se suma la escasez de médicos legistas acreditados. No solo se dedican a estas pericias. Deben, por ejemplo, efectuar autopsias o evaluar otro tipo de agresiones. También acuden a audiencias.

Guayas, por ejemplo, es la provincia que registra más violaciones en el país. Entre enero y mayo se reportaron 472 denuncias. En Guayaquil, sin embargo, existen solo once peritos: ocho en el departamento de Medicina Legal del Cuartel Modelo, en la avenida de las Américas, en el norte; y tres en el de la Fiscalía, en la calle Córdova, en el centro. Apenas cuatro son mujeres.

Solo la del norte funciona las 24 horas, aunque con un horario "de llamadas" entre las 18:00 y las 06:00, es decir, el perito de turno acude si se presenta una víctima durante su guardia.

En Manabí, otra de las provincias con más denuncias, hay al menos diez peritos; en Portoviejo trabajan tres hombres y solo una mujer. La Fiscalía de El Oro, en cambio, cuenta con cuatro médicos legistas: dos en Machala, uno en Huaquillas y uno en Pasaje. Heidy León, a cargo de la Unidad de Delitos Sexuales de Machala, señala que cada mes reciben entre 40 y 45 denuncias, solo en este departamento, y la mayoría involucra a niñas y adolescentes que han sido agredidas por familiares o profesores.

En cantones más alejados ofrecen este servicio los doctores particulares acreditados por el Consejo de la Judicatura, pero, como cobran por el examen, las mujeres suelen viajar a las capitales de provincia. Un doctor en Guayas afirma que estos médicos no tienen la misma experiencia ni formación. Dice que ha visto diagnósticos errados.

Las lesiones físicas son agravantes, pero no siempre se encuentran. La mujer que ha sido violada por un familiar no suele presentar golpes porque, generalmente, no se usa la fuerza, sino la intimidación o el engaño.

El perito recoge las muestras y, en una primera etapa, manda a examinar si hay espermatozoides. El siguiente paso, si existe un acusado específico, es efectuar una prueba de ADN.

Sin embargo, el costo de este examen corre por cuenta de la víctima, por lo que, en la mayoría de los casos, desiste. "Quienes se acercan a denunciar son, generalmente, personas de estratos populares o medios, que no tienen entre $ 300 y $ 500 para este examen", comenta uno de los peritos en Guayaquil.

Pero en Azuay ¬donde tienen cinco peritos¬ dicen que, de ser necesario, envían las muestras a un laboratorio en Quito, donde no se le cobra a la víctima.