Mujeres están en contra de 'doble criminalización'

Su barriga comenzó a crecer y no entendía por qué. A su madre le llamó la atención y la llevó al médico. Allí se enteró de todo: su hija estaba embarazada. Tenía 13 años.

Un familiar abusaba de la menor y solo se dieron cuenta cuando ella empezó a ganar peso. Querían terminar el embarazo, pero eso implicaba reunir dinero y acudir a un centro clandestino. No lo hicieron. Temían por la vida de la adolescente.

Durante el proceso de gestación los doctores le informaron que el feto presentaba una complicación en el cerebro. Nació y murió a las pocas semanas.

Este es uno de los casos atendidos por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) en Guayaquil. La organización destaca que, al trauma de la violación, el Estado le sumó otro: la obligación de tener el fruto de esa agresión.

“Ella fue sometida a varias formas de tortura, por su agresor y por el Estado. La mayoría de violaciones se da en niñas y adolescentes. Son obligadas a tener al hijo de su padre. ¿Es su hijo o su hermano? Tienen al nieto de su abuelo. ¿Es su primo? Nadie obliga a abortar. Lo que se plantea es poder decidir cuando se ha sufrido una violación”, dice Tatiana Ortiz, la directora ejecutiva del Cepam en Guayaquil.

La organización respalda la ampliación de la despenalización del aborto en caso de violación, no solo para las mujeres “idiotas o dementes”, como consta en el Código Penal.

Creen que, al obligar a una mujer violada a continuar su embarazo, esta sufre una doble criminalización. Dicen que es un problema de salud pública y que, por tanto, no debe ser abordado desde el prejuicio o la religión. Mencionan, como ejemplo, el contenido del actual Código, que contempla penas de entre uno y cinco años para las mujeres que aborten. La sanción se reduce ¬de seis meses a dos años de prisión¬ si el objetivo es “ocultar su deshonra”.

En Quito, Sarahí Maldonado es la vocera de la Coordinadora Juvenil, organización que forma parte del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. “Estamos a favor de la despenalización del aborto porque creemos que este es un derecho que debe ser reconocido. Hay otros derechos que se complementan y permiten un real ejercicio de los derechos humanos de la mujeres. El aborto es un tema trascendental en el marco de los derechos sexuales y reproductivos”, refiere Maldonado.

Ortiz dice que, tras una violación, los embarazos podrían evitarse si se accede a la llamada anticoncepción oral de emergencia, conocida también como la pastilla del día después. Añade, sin embargo, que en el país prima la falta de información.

La anticoncepción de emergencia fue reconocida en las Normas de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud en 1998. Sin embargo, según un estudio de la Fundación Desafío, realizado en el 2008, pocas mujeres acuden al sistema público de salud para solicitar la pastilla porque no hay ninguna difusión. Las pocas que lo hacen, se añade, tienen que pasar por trámites engorrosos. En el análisis se indica que no todos los centros cuentan con provisiones.

Tampoco está disponible en todos los departamentos de Medicina Legal del país, donde se practican los exámenes cuando una mujer denuncia una violación. Por ejemplo, los peritos de Azuay y El Oro dicen que sí cuentan con la pastilla, pero en Guayas y Manabí dicen que no la tienen. “Nunca nos han entregado eso. Tendrían que ir a pedirla a un centro de salud pública”, dice un médico en Guayaquil.

Las organizaciones también refieren que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en ese sentido y ha manifestado que la protección del derecho a la vida no se aplica a las regulaciones del aborto.

“Nosotros no estamos diciendo que los embarazos no deben darse. Lo que estamos diciendo es que la opción del aborto debe ser eso: una opción”, dice Maldonado. “La despenalización no plantea que las leyes obliguen a las mujeres a abortar ni a ser madres. Ahora sí nos están obligando a ser madres”, añade.

La directora ejecutiva del Cepam en Guayaquil rechaza que se diga que las mujeres alegarán haber sido violadas para abortar. “Nadie busca embarazarse deliberadamente para abortar”.